Los plazos juegan en contra del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, si consigue alcanzar la Moncloa tras las elecciones del 23-J. El gallego encontrará una profunda estructura de asignación de los 84.000 millones que el actual Gobierno ha comprometido dentro de la adenda al Plan de Recuperación, en poder de la Comisión Europea desde el pasado miércoles. Bruselas cuenta con un máximo de dos meses para evaluar el contenido del documento, aunque podría aplicar una prórroga "razonable", según detalla el reglamento. Ésta, sería la única oportunidad para que los de Feijóo -en caso de ser elegidos- tendrán para introducir modificaciones sustanciales que corrijan el rumbo diseñado por Sánchez.
"Esos dos meses no son inflexibles, si hay un acuerdo entre España y Bruselas ese plazo se extendería durante un periodo razonable de tiempo", explica Paloma Baena, directora Senior de European Affairs en LLYC. Aun así, el calendario y la complejidad del contenido de la adenda, se presentan como todo un reto para la próxima administración, que deberá convencer de los cambios a los de von der Leyen para que vuelvan a revisar a fondo todo el contenido.
El reloj postelectoral correrá mucho más lento que europeo. De ganar las elecciones, el candidato del PP no lograría ser investido antes de las últimas dos semanas de agosto, lo que le dejaría con pocos días para reestructurar el destino de los créditos comunitarios. La mayoría de los analistas no contemplan que Bruselas extienda su aval a la adenda más allá de mediados de septiembre, dando por cerrado el trámite y elevando el asunto al resto de eslabones institucionales que deben sellar el documento hasta finales del próximo mes de diciembre, cuando todo quedará listo. A partir de ahí, las correcciones solo podrán ser "tácticas".
Si Feijóo gana, se encontrará un elaborado documento que -entre otros- redistribuye la financiación sobre los diferentes Pertes estratégicos, priorizando tres de los doce vigentes. La adenda aprueba una extraordinaria inyección de 12.000 millones en el Perte Chip, en busca de un mayor refuerzo de las inversiones desplegadas en semiconductores en España y para redoblar la atracción de nueva. Se trata de uno de los sectores sobre los que Calviño corrige el rumbo, multiplicando por 44 el apoyo financiero y señalando al sector como uno de los pilares del futuro de España. De hecho, este Perte cuenta con su propia página web desde el pasado miércoles, que tratará de poner en contacto a diferentes empresas para desarrollar proyectos.
Otra de las apuestas estratégicas que Feijóo deberá asumir en caso de alzarse con la victoria electoral apunta al desarrollo de las energía renovables. El texto enviado a Bruselas duplica la financiación de este Perte que busca desarrollar el autoconsumo y -sobre todo- el despliegue del hidrógeno verde. El Ejecutivo destina 2.644 millones procedentes del RepowerUE, y otros 2.850 millones procedentes de trasferencias y créditos, para sumar los 12.094 millones de euros con los que ya cuenta en total este proyecto. Por último, Calviño impulso el Perte de digitalización del Ciclo del Agua asignándole 3.055 millones más, que se suman a los 430 millones iniciales que proyectaron las transferencias correspondientes a la primera fase del plan. Con esto, Moncloa responde al enorme reto de la escasez del agua en España, fomentando el mejor aprovechamiento en las autonomía, comunidades de regantes e industria. En contra, la ministra apenas designó 300 millones de euros al Perte Aeroespacial, y dejó sin respaldo adicional al Perte Naval, estático con una financiación de 150 millones de euros. "Esto viene de negociaciones con la CE", afirman fuentes del entorno de la redacción de la adenda.
Todo deberá ser pactado antes con Bruselas
Donde el próximo Gobierno no podrá meter mano es en las grandes reformas incluidas en el Plan de Recuperación, acordadas con la Comisión Europea durante los últimos tres años. "Si un nuevo Ejecutivo quisiera hacer un cambio en uno de los hitos, tendría que ser pactado con Bruselas", apunta Baena. El reglamento descarta una derogación unilateral de las leyes en marcha, por lo que si Feijóo gana el 23-J no podrá tumbar ninguna de las normas aprobadas al abrigo del Plan. Es más, cualquier modificación que el popular quiera hacer -por ejemplo- en la reforma laboral, deberá ser acordada con los de Ursula von der Leyen, ya que el texto supone uno de los hitos incluidos en el documento inicial. Lo mismo ocurre con el resto de medidas.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anticipó el envío de la adenda a Bruselas. España contaba con un plazo de envío que expiraba el próximo 31 de agosto, sin embargo la precipitación electoral obligó a la ministra de Asuntos Económico a adelantar sus planes. Remitió el texto el pasado miércoles, iniciando el cronómetro antes de tiempo, pero asegurando la llegada de los 84.000 millones de euros en créditos y los 10.300 millones de euros de transferencias adicionales de los fondos Next Generation EU y el programa Repower EU. Dejar el procedimiento para más adelante -pasadas las elecciones- impediría que el próximo Gobierno contara con el tiempo suficiente como para armar la propuesta, que la vicepresidenta lleva perfilando más de seis meses. "No cuento con recibir la evaluación de la Comisión en menos de dos meses en ningún caso", tranquilizó Calviño el día del envío de la documentación a Bruselas. La número dos del Gobierno defendió el contenido de la adenda, que complementa el Plan de Recuperación estructurado a lo largo de la legislatura.
