El proceso de desescalada culmina y España afronta el momento de sacar adelante medidas de calado para paliar los efectos de la pandemia de covid-19. Sin embargo, cuando el consenso entre las principales fuerzas del país es fundamental, la situación real es que no se atisban grandes pactos del Estado transversales por ningún lado. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hace sus propias propuestas en los grandes temas y busca el apoyo de sus socios directos, mientras que la negociación con el PP, principal partido de la oposición, se limita a aspectos puntuales como la introducción de algunos matices en el texto del Real Decreto para la 'nueva normalidad'.
En los últimos días, el presidente del Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que tiende su mano a Pablo Casado para buscar acuerdos. En el Senado se comprometió a buscar pactos con el PP en el "ámbito sanitario, económico y social". La realidad a la hora de la verdad es que el Ejecutivo ha acometido movimientos como la aprobación de los planes para ayudar al sector del automóvil o para reactivar el turismo sin descolgar el teléfono y "tarde", en opinión de los 'populares'. Otro tanto ha sucedido en temas como los ERTE y tiene visos de cumplirse en materia fiscal, donde el Gobierno no quiere oír hablar de bajadas. La última prueba ha sido la tramitación de la 'Tasa Tobin' gracias al rodillo parlamentario de sus socios de investidura. En Educación, avanza también en el Congreso una 'Ley Celaá' en absoluto consensuada entre las dos primeras fuerzas pese a tratarse de una materia sobre la que siempre se reclama un pacto de Estado.
Uno de los ejemplos más claros se ha visto en materia sanitaria en el marco de la pandemia. Casado le ha expuesto repetidamente a Sánchez posibles acuerdos como un 'Pacto Cajal' o un 'Pacto de Toledo sanitario' sin que el Gobierno haya movido pieza. El último ofrecimiento del PP se vio este jueves en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. La dirigente 'popular' Ana Pastor instaba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a buscar el pacto de Estado en este ámbito. "El PP estará por los pactos de estado para reformas estructurales que sean buenas para la red de la salud pública", aseguraba Pastor a la vez que ponía sobre la mesa medidas como la recuperación de alguna competencia del Ministerio ante un eventual escenario de rebrotes. Illa agradeció el tono, pero ahí se quedó el asunto.
Lo misma dinámica puede darse a nivel europeo. España tiene que perfilar ya cómo se emplearán los fondos para la reconstrucción que libere la UE y en ese debate se corre el riesgo de que le llegue a la Comisión una propuesta que no sea fruto de un gran acuerdo transversal. Las instituciones comunitarias preferirían un mensaje de unidad desde los diferentes países, pero el panorama no es alentador. Sánchez lleva desde principios de mayo sin llamar al líder de la oposición. El último 'gran acuerdo' entre ambos dirigentes -los puentes estuvieron rotos para las últimas prórrogas del estado de alarma- fue que los nuevos Pactos de la Moncloa que quería Sánchez cobrasen la forma de la citada Comisión para la Reconstrucción, como exigía Casado. Por otro lado, una queja habitual en el PP ha sido que se enteran de las medidas del Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) o por la prensa. Los 'populares' también se lamentan de que ellos han sido "leales" y ponen como ejemplo que votaron a favor del ingreso mínimo vital en la Cámara baja.
Con el recuerdo cada vez más lejano de aquellos pactos de Estado que Casado propuso tras las elecciones generales en su visita a Moncloa, el presidente del Gobierno ha preferido bascular en la geometría variable alternando acuerdos con los independentistas y ahora con Ciudadanos. Si por un lado se llegaba a un pacto sorpresa -luego corregido- con EH Bildu para tumbar la reforma laboral, por otro se han aceptado demandas de Ciudadanos y la portavoz del Gobierno ha modulado el mensaje hasta el punto de decir en rueda de prensa que el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos se tendría que adaptar a las circunstancias para que haya Presupuestos. En esa hoja de ruta parece no estar la interlocución con la segunda fuerza del país, reducida a aspectos puntuales.
La 'nueva normalidad'
El único ámbito en el que Gobierno y PP están negociando con cierta consistencia es en el citado Real Decreto de 'nueva normalidad' aprobado por el Ejecutivo el pasado 9 de junio y que ahora se tiene que convalidar en el Congreso. Aunque los de Casado se quejaron de que se enteraron del contenido del texto por el BOE, la interlocución entre Illa y Pastor, junto al importante rol que jugarán en su aplicación las autonomías, cinco de ellas gobernadas por los 'populares', han favorecido que se busque cierto consenso.
Desde Génova consideran que el decreto se queda algo corto y que es capital potenciar elementos como la detección de casos en el escenario posterior al estado de alarma. Los 'populares' no dejan entrever aún qué mejoras concretas desean incluir al texto, pero sí destacan que esta norma es la prueba fehaciente de lo que Casado subrayó reiteradamente ante Sánchez: había herramientas para gestionar la situación sin prorrogar el estado de alarma 'sine die'. Todo apunta a que el PP votará a favor o se abstendrá, en función de la acogida que tengan en el Ejecutivo las propuestas enviadas desde la formación, como confirmó el pasado viernes la vicesecretaria general de Política Social del partido, Cuca Gamarra. Otra exigencia que hace el PP es que el decreto se tramite como proyecto de ley para que pueda ser enmendado.
Álvarez de Toledo: "Es el decreto de la desinfección y el metro y medio, porque por lo que he estado leyendo básicamente en cada capítulo habla de desinfección y metro y medio en cada una de las áreas"
Preguntada al respecto, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que su partido va a terminar de "analizar a fondo" el decreto aclarando que el sentido del voto aún no está decidido. "Más que la nueva normalidad, que es un término que no significa absolutamente nada, creo que es el decreto de la desinfección y el metro y medio, porque por lo que he estado leyendo básicamente en cada capítulo habla de desinfección y metro y medio en cada una de las áreas", ha glosado la dirigente 'popular' para expresar que al partido se le queda débil el texto que Sánchez consensuó con Ciudadanos y PNV y para el que busca también el apoyo de ERC.
El decreto, cuya vigencia el Gobierno pretende extender "hasta que haya vacuna o remedio efectivo contra la enfermedad", contempla medidas como mantener la obligatoriedad de usar la mascarilla en espacios públicos cerrados bajo pena de multa o fijar una distancia social de 1,5 metros -aplicable también al entorno laboral- tras reclamarlo Ciudadanos, que exigía reducirla desde los 2 metros previos. Otro de los puntos pactados con los de Inés Arrimadas fue potenciar el teletrabajo. De la misma manera, el texto insta, entre otras cuestiones, a mantener las debidas medidas de higiene y a "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica".
