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La mascarilla seguirá siendo obligatoria en la 'nueva normalidad', aunque Ciudadanos logra que la distancia social pase de 2 a 1,5 metros

  • El decreto estará vigente hasta que haya una "vacuna o terapia eficaz"
  • El Congreso tiene que convalidar la norma, apoyada por Cs y PNV
  • El 21 de junio acaba el estado de alarma y se recupera la movilidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto Ley que regula la salida del estado de alarma y la "nueva normalidad" tras la pandemia del coronavirus, una norma que ahora tiene que convalidarse en el Congreso. El Ejecutivo ya cuenta con los apoyos de PNV y Ciudadanos. Como ya se venía apuntando, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios públicos y la principal novedad radica en que la distancia mínima social permitida pasa de 2 metros a 1,5, como reclamaban los de Inés Arrimadas. La vigencia de la norma se extenderá hasta que haya "vacuna o terapia eficaz" contra la enfermedad, ha explicado el titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión. El ministro ha precisado que tendrá que haber una declaración motivada del Gobierno previo acuerdo del Consejo Interterritorial con las comunidades y previo informe previo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). En directo | Última hora sobre el coronavirus

Durante su comparecencia, Illa ha confirmado que el grueso del borrador presentado por el Ejecutivo se mantiene en este Real Decreto Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente al covid-19 tras el fin de la vigencia del estado de alarma, fijado hasta el 21 de junio. El ministro de Sanidad ha confirmado que en esta fecha se levantarán la restricciones de movilidad.

Esto supone que continúa la obligación del uso de mascarillas para personas a partir de los 6 años "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento" de una distancia física de seguridad de entre metro y medio y dos metros. No se aplicará a aquellas personas con problemas respiratorios y la multa por no llevarla será la que ya se impone de 100 euros.

Será obligatoria también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los transportes, se insta a aquellos que ofrezcan asientos preasignados a que guarden los registros de los mismos al menos cuatro semanas.

Igualmente, se mantienen las medidas organizativas de prevención e higiene para establecimientos de trabajo, centros docentes, centros sanitarios, comercios, medios de transporte público o instalaciones deportivas, entre otros, "para evitar la coincidencia masivas de personas". El Gobierno, ha recalcado Illa, compensará a Aena y a Puertos del Estado por el gasto extra que le supondrá mantener los controles higiénico-sanitarios hasta que se declare el fin de la crisis sanitaria.

La nueva orden incluye también las medidas anunciadas sobre medicamentos y productos sanitarios para garantizar el abastecimiento de fármacos esenciales. La Agencia Española de Medicamentos podrá otorgar "licencias excepcionales" para la fabricación de mascarillas y otros equipos de protección.

El texto tampoco toca la definición del covid-19 como enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2 y como enfermedad de declaración obligatoria urgente según este borrador. Esto supone que habrá que "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del virus que se requieran, "en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona".

La obligación afectará a todas las administraciones públicas y a todos los centros públicos o privados que dependan de ellas y su actividad "tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos covid-19", especialmente todos los servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.

Asimismo, los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar, asimismo, en todos los niveles de la asistencia y, en especial, en la atención primaria, que "a todo caso sospechoso de covid-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas".

En la misma línea, Illa ha instado a las comunidades a que las residencias de mayores estén coordinadas con los centros sanitarios y tener planes de contingencia preparados para que haya camas suficientes.

Respecto a particularidades como las principales competiciones deportivas, el ministro de Sanidad ha anunciado que las decisiones finales sobre la Liga de fútbol y la Liga ACB de baloncesto las tomará el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras consultar con Sanidad, las comunidades y los organizadores de las ligas.

Apoyo de Ciudadanos y PNV

El Gobierno logró anoche el acuerdo con el PNV, que ha comprometido su voto a favor como hizo en la última prórroga de la alarma. Según asegura la formación nacionalista, el acuerdo pasa por "salvaguardar el autogobierno vasco y despejar las dudas en cuanto a una posible recentralización o invasión competencial". 

También está garantizado el apoyo Ciudadanos, que pidió incluir propuestas suyas y que ya votó sí en la última prórroga y que ahora, para dar su apoyo a este decreto ha reclamado "mejoras" en las medidas sobre protección de la salud, para "reforzar la prudencia". Entre las medidas reclamadas por Ciudadanos está la mencionada de reducir de 2 a 1,5 metros la distancia mínima entre personas, esperando que esto permita aumentar el aforo máximo permitido.

El Ejecutivo igualmente negocia con ERC, aunque fuentes cercanas admiten que en este caso el debate está siendo más difícil. Los republicanos amenazan con recurrir legalmente el decreto por verlo como una recentralización. En los últimos días el Gobierno ha introducido modificaciones en el decreto para incluir algunas aportaciones de las comunidades autónomas.

El PP se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez no haya contactado con el primer partido de la oposición para negociar el decreto. A su entender, el Ejecutivo se apoyará "en los de siempre" para sacarlo adelante en el Congreso.

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