A estas alturas de la semana el presidente Pedro Sánchez estará lamentando profundamente el contenido de aquél mensaje la pasada primavera en la red social Twitter en el que presionaba a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid al conocerse las irregularidades evidentes en la obtención de su Máster. Hoy el tiempo y los acontecimientos le habrán demostrado una vez más que en asuntos de corruptelas no hay ninguna formación política totalmente inmaculada y limpia como para aleccionar a los demás como el hoy jefe del ejecutivo ha hecho durante años. Sin ir más lejos, en unos meses podremos leer con detalle la sentencia sobre uno de los mayores casos de corrupción de la democracia española, que está localizado en Andalucía con las siglas de un partido que él dirige desde la secretaría general.

Sorprendentemente siguen produciéndose análisis que defienden la posibilidad de un adelanto electoral en España por la debilidad manifiesta del gobierno en el Congreso. Es cuestionable que esa debilidad exista, porque los apoyos que Pedro Sánchez obtuvo en la moción de censura le otorgan una mayoría suficiente aunque parezca creada por Mary W. Shelley. Pero sobre todo es cuestionable que las intenciones del presidente y su gabinete pasen por disolver las Cortes aunque las encuestas les sonrían, porque de ser así no se habría producido el desembarco masivo que se ha visto en sólo cien días en la administración, ni se estarían proponiendo medidas de calado que parecen más de un mandato claro y estable que de una mitad de legislatura cogida con alfileres. El horizonte de junio de 2020 es el más plausible para la convocatoria de elecciones, y no irá más allá porque la ley obliga a que se celebren cada cuatro años.

Uno de los grandes errores en el tratamiento que como Estado se ha dado al problema separatista en Cataluña lo constituye la postura de determinados partidos que prometen más autogobierno todavía al independentismo, como si eso fuera a calmar sus constantes desprecios y provocaciones. El presidente Sánchez ha plasmado esta idea perenne del PSOE y el PSC con su oferta de organizar un referéndum sobre el particular, dentro de la ley, por supuesto, como ya ocurrió a mediados de la pasada década. Sólo mencionar ahora un referéndum es una apuesta política cuyo coste habrá asumido y analizado sin duda el equipo del presidente, pero es que además resulta insólito que se ofrezca corregir nada menos que al Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatut de 2006 porque eran inconstitucionales, no como afrenta alguna hacia el pueblo catalán para cargarse el sentido de su voto.

Tres meses de gestión del Ejecutivo han servido para que asistamos a un cúmulo de rectificaciones y matizaciones, que al coincidir con la época estival y las vacaciones de los españoles habrán tenido un efecto narcotizante sobre la impresión general que se tiene de Sánchez y sus ministros, más allá de las buenas críticas que tuvieron en su fase inicial. El curso político ha empezado y cada movimiento se mide ya por unos y otros, y el escrutinio puede llegar a ser implacable.

Los turistas se hacen fotos estos días de agosto tardío en la Plaza de la Marina Española, después de escuchar las explicaciones de los guías sobre la importancia que para el sistema democrático español tiene el palacio que alberga el Senado. Nada menos que la mitad de la soberanía nacional, el complemento nunca bien ponderado y más bien maltratado de la capacidad legislativa del Congreso, la otra cara de la moneda de las Cortes Generales de nuestro país que ya tienen una amplia historia de éxito democrático que contar. Cuando se abren las puertas una vez al año para que los ciudadanos, extranjeros y españoles, puedan acceder a su interior, las caras de asombro superan incluso a las que se ven en el hemiciclo de la Cámara Baja cuando los visitantes acceden al lugar homólogo del Senado o a su fabulosa biblioteca de época.