Los peores días del mandato del actual gobierno siguen transcurriendo con normalidad desde la dimisión de la ex ministra de Sanidad y la tensa respuesta del presidente al asunto de su tesis en el Congreso. La oposición aprieta, la calle ahoga, y el ejecutivo busca vías de salida que le permitan escapar a una presión que no parece tendente a remitir. En el Palacio de la Moncloa se ha puesto a trabajar todo el personal con ese fin, recuperar la iniciativa de un boxeador que está al borde de ser noqueado. Y por los acontecimientos de las últimas horas se demuestra que los fontaneros trabajan: han preparado la argucia para burlar al Senado en la votación presupuestaria y la cortina de humo para proponer eliminar los aforamientos, mostrando la apariencia de que es algo que depende de un gobierno con un muy reducido grupo parlamentario y no de una mayoría reforzada que es la única con potestad para reformar la Constitución.
Pedro Sánchez tiene verdadera necesidad de distraer la atención del caso de su tesis, con trazas cada día más evidentes de haber sido construida en parte a través del socorrido sistema del corta pega. Los principales medios de comunicación escritos del país han abonado con sus informaciones la impresión general sobre la costumbre del entonces aspirante a doctor de plagiar textos e investigaciones de otros autores citándolos sólo en una bibliografía adjunta, como se citan los manuales empleados para extraer datos e ideas que luego deben ser reelaboradas. Cualquiera que haya escrito un libro conoce esas reglas de limpieza ética.
Considerar que el Senado va a vetar una disposición, venga del grupo político que venga, es hacer un flaco favor a nuestra democracia. El Senado no veta nada, sino que emite su juicio en virtud de la mayoría que los ciudadanos han otorgado a esa cámara con sus votos, la mayor parte de los cuales son directos. Mala política es arrebatar la capacidad legislativa a una de las dos cámaras de las que se compone el sistema parlamentario español, un peligroso acercamiento a las políticas que en Latinoamérica han provocado el caos institucional y la quiebra social. Tan lamentable está siendo este intento de amordazar a la institución que alguna notable dirigente política ha llegado a afirmar que la soberanía de los españoles reside sólo en el Congreso. Sea por desconocimiento o por intención de engañar el resultado es el mismo: desprestigio hacia una de las más altas magistraturas del Estado.
En cuanto a la artimaña para aprobar la senda de déficit y la de deuda que permitirá sacar adelante los presupuestos, no por repetida a través de los tiempos (por los dos grandes partidos) deja de ser rechazable. El contenedor, el cajón de sastre donde se mete la enmienda que permitirá al gobierno salvar sus presupuestos y cumplir su objetivo de permanecer en el poder hasta junio de 2020 es una norma para mejorar la lucha contra la violencia de género. Poco interés muestra el gobierno por el grave problema de los malos tratos contra las mujeres si utiliza la legislación específica sobre el asunto para solucionar sus problemas de minoría parlamentaria. Todo ello al margen de la media docena de sentencias del Tribunal Constitucional que han desbaratado esa costumbre de legislar a toda costa caiga quien caiga, aunque sea la representatividad de los ciudadanos.
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