El Gobierno busca a toda costa salvar su propuesta de techo de gasto y de límite de déficit para poder aprobar unos Presupuestos expansivos que permitan a Pedro Sánchez, líder del Ejecutivo, cumplir sus promesa de incrementar el gasto social.
Para ello, el Grupo Socialista ha registrado este martes una enmienda con la que suprimir la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad en el proyecto de ley para reformar la legislación de lucha contra la violencia de género.
De esta manera, el Gobierno quiere recortar los plazos a los que se va a ver sometida la propuesta legislativa para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya toma de consideración comenzó este mismo martes en la Cámara Baja y cuya tramitación se podría dilatar, al menos, hasta marzo.
La enmienda propuesta por los socialistas, suscrita en el Congreso el último día que había de plazo, ya solo se tendría que someter a la votación de la Comisión de Justicia y a la del Pleno del Congreso, trámite fácilmente superable gracias a los votos favorables de los aliados del PSOE, que ya permitieron que prosperara la moción de censura a Mariano Rajoy de mayo.
Fuentes gubernamentales confirman a elEconomista la decisión de utilizar dos vías para sacar adelante la reforma y suprimir la capacidad de veto de la Cámara Alta en el menor plazo posible. Sin embargo, no concretan cuándo podría terminar de ejecutarse.
Respecto a la cobertura legal de esta estrategia, desde el PSOE se indica a este medio que una ley órganica tiene alcance para reformar otra ley orgánica y que, por tanto, es totalmente legítima.
El precio: flexibilizar el gasto de administraciones locales y ayuntamientos
Por otro lado, el PDeCat ya ha puesto precio a su apoyo parlamentario al techo de gasto de gasto que el Gobierno ambiciona presentar en el Congreso antes de que termine el año: flexibilizar la regla de gasto de administraciones locales y ayuntamientos. Así lo indicó Ferrán Bel, portavoz de la formación independentista, en el debate de la toma de consideración de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria., una reclamación a la que también se sumó ERC
Y se trata de una petición que entra en los planes del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asistió a la sesión en la Cámara Baja de ayer, admitió a consultas de elEconomista que ya trabaja en esta reclamación, aunque también que "para flexibilizar la regla de gasto es importante la nueva senda. Es una demanda que también ha pedido la Federación de Municipios y Provincias y lo estamos abordando en el marco de la negociación con Podemos".
Para Montero, la regla de gasto local "es claramente un área con posibilidad de mejora y es conveniente y necesario que nos pongamos de acuerdo en cómo y de qué manera podemos empezar, progresivamente y de forma ordenada, a posibilitar que los ayuntamientos puedan emplear parte de ese mal llamado superávit y que tengan un margen de autonomía para incorporarlo en sus presupuestos, algo que ahora mismo no tienen". Eso sí, solo se plantea esta posibilidad "para aquellos que han cumplido con todos los parámetros fiscales", precisó.
