Los turistas se hacen fotos estos días de agosto tardío en la Plaza de la Marina Española, después de escuchar las explicaciones de los guías sobre la importancia que para el sistema democrático español tiene el palacio que alberga el Senado. Nada menos que la mitad de la soberanía nacional, el complemento nunca bien ponderado y más bien maltratado de la capacidad legislativa del Congreso, la otra cara de la moneda de las Cortes Generales de nuestro país que ya tienen una amplia historia de éxito democrático que contar. Cuando se abren las puertas una vez al año para que los ciudadanos, extranjeros y españoles, puedan acceder a su interior, las caras de asombro superan incluso a las que se ven en el hemiciclo de la Cámara Baja cuando los visitantes acceden al lugar homólogo del Senado o a su fabulosa biblioteca de época.
El Senado tiene un papel secundario como poder legislativo, es cierto. Hace una segunda lectura de los proyectos que llegan al Parlamento y todo lo que los senadores corrijan tras la primera aprobación podrá ser enmendado más tarde en su último trámite en la Carrera de San Jerónimo. Pero juega un papel decisivo en amplios aspectos de la vida política española. La posibilidad de que las asambleas autonómicas designen senadores le da un cierto barniz de cámara territorial, el que todos los partidos parecen querer dotarle y ninguno ha propuesto con seriedad hasta la fecha. Hubo incluso quien planteó su supresión, una forma de desprestigiar a una de las más altas instituciones del país. El Senado salvó a la democracia en el golpe institucional de octubre pasado, cumpliendo su papel constitucional al otorgar al Gobierno de los poderes necesarios para disolver el ejecutivo y el parlamento sublevados.
Es además la única cámara de representación en España en la que los ciudadanos eligen a la parte más numerosa de sus miembros por designación directa, tachando el nombre del candidato que quieren que les represente en la papeleta. Es lo más parecido a las listas abiertas que se reclamaban hace algunos años y de las que ahora nadie se acuerda. El elector designa con su propia voluntad a los representantes en el Senado, la forma más pura de democracia que tenemos.
Pero en este momento de la maltratada política española, el Senado sobra. Hay en él una mayoría que han decidido los ciudadanos con sus votos directos que obstaculiza la estrategia de algunos partidos políticos, que han llegado a calificar de espuria esa mayoría, término que recae directamente sobre las espaldas de esos ciudadanos: buenos o malos según lo que voten. Ahora se plantea eliminar la doble lectura que hace el Senado de las disposiciones que el ejecutivo lleva al Parlamento porque pueden arruinar una decisión significada en la acción de Gobierno. Se hizo con el decreto que ha intervenido la radio televisión pública y se quiere repetir con la Ley de Estabilidad que garantiza el equilibrio de las cuentas públicas tal y como exige el club europeo al que pertenecemos. Salvo que alguien lo explique bien, es incomprensible que un partido de Gobierno, necesario para el sistema y en pleno ejercicio del poder pueda pensar siquiera que el Senado estorba a sus pretensiones. Estamos cuestionando el núcleo mismo de la democracia.
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