El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, como estaba inicialmente previsto, tras el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y eliminar el veto del Senado, donde el PP tiene actualmente mayoría absoluta.
El motivo por el que se sacó este punto del orden del día del Consejo de Ministros de hoy es que el Ejecutivo socialista quería aclarar primero cuál es el procedimiento adecuado para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012.
Inicialmente la opción preferida era la del decreto ley porque permitía llevar a cabo la modificación de manera urgente pero es "imposible" reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante esta fórmula por tener carácter de ley orgánica, lo que excluía esta vía.
PSOE, Podemos, ERC y Compromís han registrado la proposición de ley para eliminar el veto del Senado en la senda de déficit
De hecho esta misma mañana PSOE, Podemos, ERC y Compromís han registrado la proposición de ley (consulte el documento en pdf) en el Congreso para eliminar el derecho a veto que atribuye la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la Cámara Alta. Los grupos firmantes han planteado la tramitación de esta proposición de ley mediante el procedimiento de urgencia y por lectura única, a fin de dar la mayor celeridad posible a su aprobación.
Sea como sea la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitía hoy en rueda de prensa que el Ejecutivo se enfrenta a "plazos muy ajustados" para la presentación en las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, por lo que podría no llegar a cumplir con la fecha tope del 30 de septiembre.
En principio "dichos grupos cuentan ya con el apoyo explícito de la mayoría simple de los diputados y diputadas del Congreso", según afirman desde Podemos. Ayer mismo el PNV mostraba su apoyo a esta reforma.
¿Serían estos apoyos suficientes?
Fuentes del grupo socialista han confirmado que se vuelve a la redacción de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, de forma que si la senda de déficit y deuda no es aprobada por el Senado volvería al Congreso, donde quedaría ratificada por mayoría simple.
La polémica viene al interpretar este cambio normativo. PSOE, Podemos, ERC y Compromís consideran que el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no goza de una protección constitucional especial y entienden que con una mayoría simple sería suficiente.
En cambio, el Partido Popular, que ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta modificación, afirma que al tratarse de un artículo incluido en una ley orgánica exige una mayoría reforzada de la Cámara Baja para su modificación. En ese caso se requerirían tres quintas partes de los votos de Congreso, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sáchez no tendría los apoyos suficientes.
Estaba todo listo
El Gobierno tenía todo listo tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado con las comunidades autónomas el miércoles y la reunión con la Comisión de Entes Locales de este jueves.
La senda de estabilidad preparada por el Ejecutivo, que de momento queda paralizada, establece un objetivo de déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas mayor que el anterior objetivo del 1,3% que había sido fijado por el anterior Gobierno del Partido Popular.
En concreto, se espera que sea del 0,4% en la Administración central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales. Según los cálculos del Gobierno, este aumento supondrá un aumento de 6.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones, en comparación con el anterior objetivo.
De cara a 2020, el objetivo para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración Central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.
En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.
Niveles de deuda
En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas, y del 2,3% para las corporaciones locales.
En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración Central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración Central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.
El Ejecutivo necesita la aprobación de los nuevos objetivos de déficit y deuda para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con un mayor margen de gasto, ya que de lo contrario tendrá que diseñar las cuentas basándose en los objetivos marcados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
