La elaboración de los Presupuestos ha permitido que los españoles, que serán los que paguen la fiesta del aumento del gasto público, comprueben el estado de salud de los dos bloques ideológicos que hay actualmente en el espectro político del país: el de la mayoría de izquierdas, nacionalista e independentista, y el de la minoría de centro y conservadora que perdió el poder el pasado junio. Mientras unos pactan y llevan al Congreso las primeras cuentas del post marianismo, los otros discuten sobre quién hace mejor la labor de oposición. Y todo ello con el horizonte inmediato de unas elecciones en Andalucía y unas municipales, autonómicas y europeas en la próxima primavera que pondrán a prueba el estado de los materiales en uno y otro bando.

Ese podrá ser uno de los hitos por los que en el futuro se recuerde la presidencia, corta o larga, de Pedro Sánchez como séptimo jefe de gobierno en la democracia española. El presidente que salvaguardó el prestigio de la Cámara Alta al negarse a comparecer, como le solicitó la mayoría de senadores representados en la Mesa. Haber comparecido ante los representantes de los ciudadanos, la mayoría de ellos elegidos en ese foro por el voto directo de los electores poniendo cruces en sus apellidos, habría sido un desprestigio para la noble institución, necesitada de que alguien sin intereses espurios la mantenga a salvo de la ciénaga que supone llevar allí a un presidente a contestar preguntas.

Una de las comunidades autónomas con mayor estabilidad política en los años de democracia es también el territorio regional con mayores desigualdades. La tasa de paro roza el 25% y alcanza a un millón de personas, el abandono escolar supera en cinco puntos la media nacional para situarse en un 23%, la presión impositiva retuerce el cuello de los contribuyentes con impuestos especialmente repudiables como el de sucesiones que grava las herencias, hasta el punto de que muchos andaluces renuncian al bien heredado por no poder afrontar su pago. La diferencia es grande también entre la renta per cápita en las grandes ciudades andaluzas y las comarcas rurales. Esta es la Andalucía que irá a las urnas el 2 de diciembre para cumplir el trámite que otorga al PSOE el gobierno autonómico elección tras elección desde 1982, y que salvo sorpresa poco probable volverá a confiar en Susana Díaz, sola o en compañía de otros.

La semana política transcurre de forma mucho más amable para el presidente y sus ministros. Superadas a golpe de hoja de calendario las revelaciones periodísticas más dañinas contra Sánchez, Delgado y Duque, los fuegos artificiales del aniversario del 1-O han venido a regalarles un golpe de estabilidad inesperado que, pese a no significar avance alguno en su necesidad de aprobar los presupuestos, sí debe aclarar a todos los confundidos que aquí no va a haber convocatoria de elecciones porque la mayoría parlamentaria a lo Shelley está bien de salud. Quim Torra mediante.

Lo ocurrido este primero de Octubre en Cataluña ha servido para que millones de españoles, desconectados a propósito del problema más grave que tiene la democracia española, vuelvan a tomar conciencia de su existencia y de que no se ha avanzado ni un milímetro en su resolución, por más que ahora tengamos un gobierno que ya no es una 'fábrica de independentistas' como el anterior. Ha pasado ya un año de aquella nefasta jornada de provocaciones, resistencia contra la Justicia y valor policial para cumplir el mandato del Estado de Derecho, y las cosas no han podido ir peor. Se aprobó un mojigato 155, bajo el apoyo presionante y condicionado de PSOE y Ciudadanos, que se tradujo en una decepcionante suspensión de la autonomía para convocar de inmediato unas elecciones que dieron aún más alas a los golpistas. Hoy la comunidad autónoma catalana no sólo no ha mejorado en su situación política. Los acontecimientos del aniversario demuestran que todo ha ido a peor pese al diálogo ofrecido con una mano y la Ley con la otra.