Una de las comunidades autónomas con mayor estabilidad política en los años de democracia es también el territorio regional con mayores desigualdades. La tasa de paro roza el 25% y alcanza a un millón de personas, el abandono escolar supera en cinco puntos la media nacional para situarse en un 23%, la presión impositiva retuerce el cuello de los contribuyentes con impuestos especialmente repudiables como el de sucesiones que grava las herencias, hasta el punto de que muchos andaluces renuncian al bien heredado por no poder afrontar su pago. La diferencia es grande también entre la renta per cápita en las grandes ciudades andaluzas y las comarcas rurales. Esta es la Andalucía que irá a las urnas el 2 de diciembre para cumplir el trámite que otorga al PSOE el gobierno autonómico elección tras elección desde 1982, y que salvo sorpresa poco probable volverá a confiar en Susana Díaz, sola o en compañía de otros.
Todo lo ocurrido en Andalucía en los últimos años, sumado a las cifras reflejadas arriba, no tumba las expectativas electorales del partido sistémico en estas tres décadas y media. Llegará a gobernar cuarenta años seguidos si revalida el mandato en San Telmo. A cualquier otra formación política los escándalos confirmados, pendientes de juzgar o publicados le habrían costado hace ya mucho tiempo perder el poder regional andaluz, no es necesario decir especialmente a qué siglas les habría pasado factura. Pero este socialismo andaluz ha tejido un entramado tal de apoyos y prebendas que le garantiza el voto mayoritario elección tras elección, con la excepción del triunfo en votos del PP en 2012 que no le sirvió para acceder al gobierno andaluz, bajo esa curiosa premisa del sistema electoral español por la cual el que pierde, en realidad gana.
Puede parecer una ensoñación, pero es real. Puede parecer el Brigadoon de Gene Kelly donde nada de lo que ocurría era auténtico, y por eso no tenía plasmación en la vida real. Puede ser un sueño que en una administración regional se haya desviado con fines delictivos una parte enorme del dinero destinado a subvencionar el despido de los parados (curioso esto de pagar los ERE con dinero público, ¿se ha visto en algún otro confín?); puede parecer un sueño que una parte del gobierno autonómico y hasta los sindicatos hayan participado en la malversación de dinero destinado a formar a los parados para encontrar trabajo en mejores condiciones; parece imaginario que se descubra el pago de juergas en prostíbulos con tarjetas de crédito con cargo a cuentas de una Fundación pública por una cuantía de 31.969 euros, más otros 22.000 en comilonas en restaurantes. Y nada de ello es irreal, como nada de ello influirá para que la favorita para ganar los comicios de diciembre pierda su condición de número uno en los sondeos. Lo imaginario es pensar cómo todo este catálogo de irregularidades afectaría a otros si fueran cometidas en el ejercicio del poder.
La convocatoria de elecciones andaluzas tan solo va a adelantar la cita con las urnas en tres o cuatro meses. ¿Adelanta las elecciones Susana Díaz para esquivar la sentencia de los ERE? Cuestionable análisis más o menos generalizado, que olvida el escaso efecto que todos esos casos de corrupción han tenido en los votantes andaluces. ¿Las adelanta para evitar el desgaste que está sufriendo el PSOE por el gobierno de Sánchez? Esta opción es más plausible, aunque muy matizada por la barrera física y psicológica que Despeñaperros ha supuesto siempre en la separación de las políticas nacional y andaluza. El presidente que lleva 66 días sin contestar a los periodistas en España lastra las aspiraciones de su partido, aunque no las encuestas oficiales.
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