Cualquier anuncio de un acuerdo positivo para una mayoría de los ciudadanos es como el maná para un Gobierno en horas bajas y acosado por las noticias sobre el pasado de algunos de sus ministros. Si ese Gobierno además tiene un muy corto apoyo en el Congreso y sus compañeros de votaciones pretenden separar una parte del país del resto o echar abajo la Constitución y los valores de la Transición, los argumentos positivos sobre su gestión son triplemente bienvenidos. Eso es lo que disfruta en estas horas aciagas el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al pacto sobre la subida de las pensiones de nuevo según el IPC, un caballo de batalla constante de las fuerzas políticas que han votado la moción de censura y cambiado al inquilino de La Moncloa.
Pero si analizamos al detalle lo que se ha anunciado, conviene recomendarle al presidente que frene la euforia para no defraudar expectativas futuras. Lo acordado en el Pacto de Toledo es una recomendación y no una decisión en firme. No se conoce de qué forma se hará esa subida acorde a la inflación, se ha dejado pendiente el mecanismo por el cual se aplicará automáticamente esa indexación, por la simple razón de que no será automático ni siquiera obligatorio. El Gobierno de turno podrá, si esta reforma se aprueba, atender a otros indicadores económicos para decidir si la subida de las prestaciones continúa o no referenciada al IPC. Si el crecimiento económico del país se resiente de posibles crisis económicas graves, la cuestionada arma de Rajoy seguirá estando disponible para ser aplicada con un par de explicaciones técnicas de quien entonces sea presidente. ¿Es eso una solución al problema?
Si añadimos que el sistema que nacerá de esta propuesta sólo será viable diez años según reconocen los firmantes, alguien debería explicar donde está la garantía para las pensiones futuras de este anuncio que, ciertamente, sirve de balón de oxígeno para rebajar la tensión política en plena tormenta en varios ministerios.
Los dos principales partidos han contribuido a la erosión del Pacto de Toledo por igual. El Gobierno del PP aprobó una reforma que provocó grandes protestas, y lo hizo sin buscar el acuerdo con el resto de partidos en la legislatura en la que gozó de mayoría absoluta. Y el PSOE utilizó las pensiones como arma política para desgastar a Rajoy, sin atender a los criterios de interés general que siempre ha tenido el Pacto. Ambos han creído que este asunto genera votos si se le echa a la cara al adversario, sin reparar en el daño que se le hace a la credibilidad del sistema. Ahora los dirigentes del Gobierno como Octavio Granados se dan cuenta de que el sistema no es viable a largo plazo y de que habrá que reformar la SS, pero cuando han estado en la oposición sostenían que el único causante de todos los males de la pirámide poblacional española era el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Eso, sin contar con lo que realmente supondrá la subida teniendo en cuenta el coste de la vida. Explíquenles a los pensionistas que están manifestándose estos días cual es la diferencia en la prestación media entre la subida de un 0,25% que se traduce en un incremento de un euro, y la subida de un dos% que no llegará ni a diez.
A esta hora está más próximo el inminente mordisco a la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para poder pagar las prestaciones en pocos meses, algo que sirvió de ariete de ataque contra el Ejecutivo anterior como si no fuera una manera desesperada de salir del paso ante un sistema de pensiones que de no ser reformado con criterios no partidistas, caerá en una peligrosa senda de colapso.
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