Madrid
Tres meses de gestión del Ejecutivo han servido para que asistamos a un cúmulo de rectificaciones y matizaciones, que al coincidir con la época estival y las vacaciones de los españoles habrán tenido un efecto narcotizante sobre la impresión general que se tiene de Sánchez y sus ministros, más allá de las buenas críticas que tuvieron en su fase inicial. El curso político ha empezado y cada movimiento se mide ya por unos y otros, y el escrutinio puede llegar a ser implacable.
La inmigración fue el primer asunto de campanillas en el que el presidente, su vicepresidenta y los ministros implicados pusieron todo su empeño en demostrar unas nuevas formas de acogida y refugio para todos aquellos que vagaran en el Mediterráneo buscando un país que les diera cobijo. No han pasado ni diez semanas para que esa política improvisada y marcadamente populista se haya venido abajo. De ofrecer un puerto seguro al Aquarius recibiéndole con honores se ha pasado a expulsar en caliente a todo el que intente entrar por las vallas de Ceuta y Melilla. Las denuncias de la Guardia Civil esta vez sí han sido escuchadas, y Sánchez ha visto cómo este asunto se le volvía en contra, por lo que ha sacado el espejo, se ha mirado en él y ha preferido entrar en una clara contradicción antes de empezar a pagar electoralmente su errática política migratoria, afeada incluso desde la UE.
La ministra de Justicia ha protagonizado el mayor ejemplo de rectificación del verano. Su intención inicial de no dar cobertura legal al juez que instruye la causa por el golpe independentista se apoyó en ese deseo equivocado del Gobierno de apaciguar a los secesionistas, ese permanente mirar hacia otro lado con las provocaciones que Torra y Puigdemont lanzan a diario al Estado. No han sido sólo las quejas de jueces y fiscales las que han hecho cambiar su decisión a la ministra y al presidente. Ha sido una vez más la hemorragia de apoyo y de impopularidad que estaba provocando dejar tirado a Pablo Llarena ante la inverosímil denuncia presentada contra él desde el palacete de Waterloo. Y una vez más, se ha pensado que bien está lo que bien acaba, aunque no será la última.
María Jesús Montero se ha mirado también en el espejo después de ver doblegada su voluntad inicial de no tocar el IRPF. Podemos, el socio preferente del Gobierno, ha exigido un subidón del impuesto que grava el trabajo y la ministra de Hacienda ya acepta un incremento para las rentas más altas, para los demonizados ricos que ganen más de 120.000 euros anuales, aunque el partido de Iglesias prefiere bajar el listón del millonario a todo aquél que perciba por su empleo más de 60.000. En este capítulo, ante el mismo espejo que se mira Montero se miró ya antes Montoro, el ministro conservador que asestó a los españoles el mayor navajazo en forma de subida del IRPF que se recuerda. Pero el frenazo de la economía y la caída del consumo, magnitudes medidas ya durante el mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa, deberían hacer reflexionar al presidente y su equipo económico, que tienen un antecedente de riesgo en las políticas de Zapatero que le costaron la presidencia.
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