Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este domingo que el Estado pagará a un bufete de abogados belga para defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda interpuesta contra él en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros exconsellers. El anuncio se producía pocos días después de que el propio Ejecutivo asegurase que no podía hacer nada en defensa del magistrado al tratarse de un asunto particular. Algo que contrasta con lo dicho este lunes por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha prometido defender a Llarena "hasta las últimas consecuencias".
En medio ha habido multitud de presiones tanto políticas como judiciales, siendo estas últimas las que más han preocupado en el seno del Gobierno. El empuje ejercido por jueces y fiscales de todas las sensibilidades a lo largo de estos últimos días ha llevado al Ejecutivo a un cambio de rumbo que desde el gabinete insisten en negar.
La polémica cobró notoriedad el pasado jueves, cuando Moncloa difundía una nota de prensa en la que decía que un bufete privado intervendría en el pleito, pero sólo en lo referente a cualquier cuestionamiento que se hiciera de la jurisdicción española y no en aquellas cuestiones relativas a las afirmaciones particulares hechas por Llarena.
"La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función", rezaba dicha nota de prensa del gabinete.
Cascada de presiones
Hay que recordar que la demanda de Puigdemont incide en unas declaraciones del magistrado a la prensa tras una conferencia en las que negaba que hubiera presos políticos en España, como sostienen los procesados en la causa que instruye Llarena. Según los demandantes, que piden una reparación en su honor y la cantidad simbólica de un euro para cada uno, el juez se extralimitó de sus funciones de instrucción y les acusó directamente.
El pronunciamiento del Ejecutivo acarreó las críticas de partidos como PP y Ciudadanos por dejar solo al juez ante la Justicia belga e indignó a las distintas asociaciones de jueces y fiscales. Mientras jueces del Supremo acusaban al Gobierno de "dejar vendido" a Llarena, otros órganos como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pedían a Moncloa que el Estado se personase en defensa de Llarena. Sólo Jueces para la Democracia (JPD) respaldaba la postura inicial del Ministerio de Justicia. Es más, el presidente de la APM, Manuel Almenar, ha señalado en la Cope que lo que ha hecho el Ejecutivo es "una rectificación en toda regla", aunque ha celebrado que la postura final sea defender al togado.
La ola de reacciones en contra hizo mella en el Gobierno, convocado este fin de semana en la toledana finca de Quintos de Mora por Pedro Sánchez, y era el propio presidente, señalan diversos medios, el que daba un golpe de timón y decidía que el Estado defendiera no sólo a los tribunales españoles, sino también a Llarena como ciudadano.
Moncloa salía al paso de las críticas anunciando este cambio de estrategia pero negándolo bajo el pretexto de que estas gestiones se habían emprendido "hace días". Una tesis que se ha empeñado en defender la ministra del ramo, Dolores Delgado, esta mañana ante los micrófonos de RNE: "No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien".
"Hasta sus últimas consecuencias"
Delgado también ha subrayado que se defenderá al juez Llarena en Bélgica "hasta sus últimas consecuencias", sin diferenciar entre su instrucción sobre el proceso independentista y sus declaraciones privadas al respecto, pero ha destacado que hay que elegir la mejor "estrategia", ya que se está actuando en otro país.
De la misma manera, Delgado se ha reiterado en que no hay "fisuras" entre su ministerio y la Abogacía del Estado después de que ésta emitiera una informe tirando abajo las cortapisas puestas por Justicia para intervenir o no en la demanada.
Si la postura del Gobierno el jueves fue criticada por la oposición, igualmente lo ha sido su rectificación. El líder del PP, Pablo Casado, acusaba ayer al Gobierno de criticar a su partido, pero luego hacer lo que los 'populares' proponen. De hecho, el PP ha llevado al Senado una moción en apoyo de Llarena y pide que la ministra Delgado comparezca en el Congreso para explicar lo sucedido.
Desde Ciudadanos (Cs) también se ha cuestionado duramente al Ejecutivo por "abandonar" a Llarena. El partido de Albert Rivera ha registrado en el Congreso una moción en apoyo del juez. Mientras, desde Podemos, se ha atacado al Ejecutivo por rectificar y no haber mantenido su postura inicial. "La primera posición que manifestó el Gobierno era la más sensata", ha dicho el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique.