Madrid
Uno de los grandes errores en el tratamiento que como Estado se ha dado al problema separatista en Cataluña lo constituye la postura de determinados partidos que prometen más autogobierno todavía al independentismo, como si eso fuera a calmar sus constantes desprecios y provocaciones. El presidente Sánchez ha plasmado esta idea perenne del PSOE y el PSC con su oferta de organizar un referéndum sobre el particular, dentro de la ley, por supuesto, como ya ocurrió a mediados de la pasada década. Sólo mencionar ahora un referéndum es una apuesta política cuyo coste habrá asumido y analizado sin duda el equipo del presidente, pero es que además resulta insólito que se ofrezca corregir nada menos que al Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatut de 2006 porque eran inconstitucionales, no como afrenta alguna hacia el pueblo catalán para cargarse el sentido de su voto.
Decir que los catalanes tienen un estatuto que no votaron es una irresponsabilidad y es completamente falso. Votaron muchos menos de lo que se esperaba, pero votaron lo que está en vigor, y está en vigor aquello que no era ilegal. Exactamente el 36% de los votantes con derecho a voto aquél 18 de junio depositaron el sí en las urnas, estas sí legales, dispuestas a lo largo de todo el territorio de la autonomía. Fueron el 48,8% de los electores, menos de la mitad, los que ejercieron su derecho de decidir con su voto en aquél proceso que se ha estipulado erróneamente como el origen de la intentona separatista de 2017. Y esto es así porque transcurrieron dos plácidos años de Gobierno de Artur Mas apoyado por el PP desde la sentencia del TC hasta la Diada histórica de 2012, dos años en los que no existió atisbo alguno del procés entre los dirigentes que luego mutaron hacia posiciones libertarias y reivindicativas.
Si Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Meritxell Batet y Josep Borrell ofrecen a los independentistas volver a votar aquél estatuto o alguno similar con artículos no constitucionales, se encontrarán con una doble respuesta: la ignorancia de quienes ya han superado ampliamente esa pantalla y la firmeza de una de las más altas instituciones del Estado, que seguirá considerando fuera de nuestro ordenamiento aquello que está fuera de nuestro ordenamiento.
El presidente catalán mientras tanto amenaza y amenaza. Por muy alucinantes que sean algunas portadas. Cierto es que la vía de los hechos consumados, como la emprendida en septiembre y octubre pasados, no ha llegado todavía en su mandato, pero sus intervenciones incendiarias suponen una gran indignación entre todos los españoles que ven una alarmante falta de respuesta en el Gobierno, en el actual y en el anterior. Ahora ha dicho aquello de abrir las cárceles para que los presos preventivos salgan tranquilamente de ellas si hay una sentencia condenatoria. No tiene más que probarlo con hechos para ser el siguiente en huir a Waterloo o comparecer ante el Tribunal Supremo. Ni siquiera una Fiscalía amaestrada por el poder para que no ejerza sus responsabilidades institucionales sería capaz de evitar que haya buenos funcionarios que emprendan la acción de la Justicia.
Entidades
