La presidenta de CEOE-Cepyme en Valladolid, Ángela de Miguel, se presentará a las elecciones a la presidencia de la patronal de las pequeñas y medianas empresas respaldada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para disputarle el puesto a Gerardo Cuerva, como ha podido confirmar elEconomista.es. Este diario ha obtenido también las primeras declaraciones de De Miguel tras conocerse su designación, recién llegada a Madrid para participar este miércoles en la entrega anual de premios de Cepyme.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, reunió al Comité Ejecutivo de la patronal de las pequeñas y medianas empresas dos semanas después de la reunión en la que el órgano se dividió en dos ante la propuesta del empresario granadino de cambiar el sistema de voto. El objetivo era despejar las dudas legales sobre la votación realizada por la Junta Directiva horas después por la que se incorporaron al reglamento interno los cambios impulsados por Cuerva para acabar con el voto delegado que Antonio Garamendi buscaba usar para sumar apoyos a su candidato. Fuentes presentes en la reunión trasladan a elEconomista.es que la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas ha intervenido para defender la actuación del líder de las pymes y exponer un informe elaborado al efecto.

A finales de enero, Yolanda Díaz, cerró un pacto con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4,4% hasta los 1.184 euros actuales. El porcentaje era inferior a la subida demandada por CCOO y UGT (entre un 5% o 6%), no obstante, decidieron dar su apoyo al incremento a cambio de abrir una mesa de negociación en un plazo de dos meses -del que ya ha expirado uno-. En ella, uno de los objetivos será endurecer los requisitos para que las empresas actualicen las nóminas de sus trabajadores con el nuevo SMI.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aconseja al Ministerio de Hacienda que imponga condiciones a las comunidades autónomas que se acojan a la propuesta de condonación de 83.252 millones de euros de deuda que se aprobó este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, formó parte de esa reunión tras la que valora que el futuro proyecto de ley puede contribuir a que los diferentes territorios vuelvan a financiarse a los mercados, sin embargo, explica que "debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal" para garantizar que se cumplan las reglas fiscales. "No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales" advierte a la vicepresidenta María Jesús Montero.

El Consejo Económico y Social, el órgano consultivo del Gobierno en el que están representados la patronal y los sindicatos ha emitido este miércoles un informe crítico con el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas con un total de 54 votos a favor y solo dos en contra. Los consejeros han llevado a cabo una negociación 'in extremis' para alcanzar una postura de consenso en una materia en la que tanto los representantes de los sindicatos como de las organizaciones empresariales partían con posturas enfrentadas tras casi un año de negociación con el Ministerio de Trabajo. El grupo tercero, integrado por el sector agrario, pesquero, las cooperativas y el consejo de consumidores, así como por seis expertos propuestos por el Ejecutivo, se inclinó a finales de la semana pasada por el borrador de los sindicatos y finalmente, las empresas también se han sumado.