La patronal se muestra divida ante la convocatoria de unas elecciones a la presidencia de Cepyme en las que el líder de CEOE, Antonio Garamendi, impulsará un candidato alternativo a Gerardo Cuerva, en el que ha perdido la confianza. La tensión entre ambos no deja de crecer y la organización de las pequeñas y medianas empresas denuncia que los empresarios que participan en sus órganos de dirección recibieron “coacciones” y “presiones” para que delegaran su voto a los vocales más próximos a Garamendi, lo que les llevó a convocar al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva con el objetivo de denunciarlo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará este jueves un nuevo grupo de expertos sobre democracia del trabajo que tendrá hasta septiembre para presentar una propuesta con la que abrir la entrada a los consejos de administración a los trabajadores. Se trata de una política que ha estado presente en el discurso de la ministra de Sumar desde hace años y a la que finalmente da forma con la presentación de un comité presidido por la profesora Isabel Ferreras, directora del Fondo Nacional de Investigación Científica (FNRS) e investigadora de las universidades de Harvard y Oxford, según ha podido saber este periódico y ha anunciado después la cartera.

La Junta Directiva de Cepyme ha decidido modificar el sistema de voto interno en la línea propuesta esta tarde por el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva. El líder de las pequeñas y medianas empresas había trasladado la propuesta horas antes al Comité Ejecutivo, con el fin de limitar la posibilidad de delegar el voto (que no existía en CEOE o ATA) tras conocer que el entorno del presidente de CEOE presionaba para conseguir votos a favor del candidato que presentarán a las elecciones de este 2025. Algunos vocales advirtieron de que impugnarían esta votación, que aseguran que no ha respetado el reglamento interno de la organización empresarial.

El Ministerio de Hacienda decidió que este año era el momento de hacer pedagogía fiscal con el salario mínimo, por lo que eclipsó el alza aprobada la semana pasada con la decisión de que los trabajadores con este nivel salarial paguen IRPF por primera vez. El anuncio abrió una nueva crisis de la coalición, tras la que Sumar, PP y Podemos registraron diferentes iniciativas para revertir esta situación, pero ante el enrocamiento del ministerio y a la espera de la tramitación de estas proposiciones, son los gobiernos autonómicos los que tienen en su mano la solución más rápida.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está situado en 1.184 euros brutos en 14 pagas desde hace casi una semana. La subida del 4,4% fue aprobada el martes siguiendo la recomendación más alta que dio el grupo de expertos elegido por el Ministerio de Trabajo tras calcular cuál era el 60% del salario medio en términos netos al que Yolanda Díaz quiere ligar la renta mínima. No obstante, la estadística que este comité tomó como referencia no acierta a reflejar la situación de las pymes y en concreto, de las empresas con menos de 10 trabajadores. Según denuncia el último informe elaborado por Cepyme, el salario medio de estas compañías es un 30% inferior al usado como guía.