La patronal se muestra divida ante la convocatoria de unas elecciones a la presidencia de Cepyme en las que el líder de CEOE, Antonio Garamendi, impulsará un candidato alternativo a Gerardo Cuerva, en el que ha perdido la confianza. La tensión entre ambos no deja de crecer y la organización de las pequeñas y medianas empresas denuncia que los empresarios que participan en sus órganos de dirección recibieron "coacciones" y "presiones" para que delegaran su voto a los vocales más próximos a Garamendi, lo que les llevó a convocar al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva con el objetivo de denunciarlo.
Fuentes empresariales explican que días antes de estos encuentros, diferentes líderes sectoriales y territoriales habían trasladado a la cúpula de Cepyme que habían recibido llamadas con "chantajes económicos" en las que se amenazaba con que tendría que trasladar su sede desde las oficinas del patrimonio sindical y abonar un alquiler. Por ello, Cuerva quiso poner en conocimiento de todos las patronales representadas en los órganos estos contactos, al tiempo que planteó una reforma del sistema de voto con el que poder recortar la influencia que buscaba adquirir Garamendi a través del voto delegado.
Desde Cepyme explican que su objetivo principal era poner en tela de juicio estas amenazas y que la reforma del reglamento ocupaba un lugar secundario en la agenda del Comité. Al ser contactada por este periódico, CEOE evita pronunciarse sobre estas llamadas, pero distintas fuentes empresariales confirman a elEconomista.es que el entorno del presidente vasco reclamó el voto delegado la semana pasada. En consecuencia, Cuerva defendió un cambio en el reglamento para cambiar el sistema de voto y homologarlo al empleado en CEOE y ATA tras poner de relieve estas presiones.
El líder de Cepyme acudió a la cita amparado por un informe del despacho Moreno Catena & Ventura en el que se advertía que el modelo vigente hasta entonces, que no recogía ninguna limitación sobre el número de representaciones que podía acumular una sola persona, favorecía que la decisión se concretará en unas pocas manos "infringiéndose los principios democráticos por los que deben regirse las organizaciones empresariales".
Finalmente, Cuerva consiguió sacar adelante esta modificación en la reunión de la Junta Directiva (la que tiene la capacidad de decidir sobre estos cambios), no obstante, se produjo una excepción en el procedimiento habitual que sigue el Comité Ejecutivo que ha llevado a algunas voces discordantes a plantear la posibilidad de impugnarla en los tribunales. Este órgano es un círculo más reducido en el que se acuerda qué se traslada a la Junta. Cuerva recibió el respaldo de los vocales para elevar la propuesta de modificación, si bien, decidió recabar la opinión de los presentes sobre en una segunda votación en la que se impuso el rechazo.
Era un sondeo no vinculante, por lo que después la propuesta de Cuerva se abordó en la Junta donde se votó de forma secreta con un resultado de 64 a favor, 55 en contra y 3 votos en blanco. En la cita había un récord de asistentes y más de 60 vocales habían delegado el voto, por lo que fue interpretado como un primer triunfo del empresario de Granada frente a Garamendi.
No obstante, algunas fuentes de la patronal defienden que al no respetar el procedimiento habitual se vulneraron los estatutos de Cepyme, que señalan que las decisiones las adopta la Junta "a propuesta del Comité Ejecutivo". Estas se aferran a esta anomalía para plantear la posibilidad de impugnar la decisión de cambiar el reglamento interno ante los tribunales, puesto que la patronal de las pymes no cuenta con una comisión de reglamento interno.
Las fuentes consultadas no tienen constancia de que ya se haya adoptado la decisión en firme de impulsar un recurso de este tipo, en el que se podrían solicitar medidas cautelares para frenar la votación que Cuerva quiere llevar a cabo en los próximos tres meses. Distintas fuentes sondeadas por este periódico coinciden en señalar que no se respetó el procedimiento, pero restan peso a la opción de impugnarlo por entender que no se hizo con mala intención sino con afán de conocer la postura del Comité.
Sin embargo, las dudas sobre la legalidad de que se trasladara a la Junta un punto ya rechazado por el Comité fueron reproducidas ayer en las reuniones de los órganos directivos de CEOE. Fuentes empresariales explican que el vicepresidente de la patronal y presidente de la madrileña CEIM, Miguel Garrido, denunció que el líder de Cepyme había "violentado los Estatutos" y llevado a cabo "una acción legal de enorme gravedad" cuando Cuerva puso de manifiesto lo sucedido en los últimos días.
El presidente de CEOE, en cambio, se limitó a reclamar que no se debatiera un tema propio de Cepyme en el Comité Ejecutivo y la Junta de CEOE y a señalar que no iba a permitir que se alcanzase el nivel de tensión que protagonizó la jornada anterior, en la que algunas partes estuvieron a punto de llegar a las manos. Este empresario podría impulsar la impugnación si finalmente toma forma, como uno de los líderes más próximos a Garamendi, que aún no ha desvelado cuál va a ser su candidato a los comicios.
