El Gobierno subió el martes el SMI un 4,4% para llevarlo a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, de acuerdo con la recomendación más alta de los expertos que avalaron los sindicatos. El alza beneficiará a 2,4 millones de trabajadores pero volverá a agravar la situación de las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas y que no pueden repercutir los incrementos de costes laborales, como consecuencia de la Ley de Desindexación y la normativa de Contratos del Sector Público. Las compañías buscan revertir esta situación y han encontrado en Sumar un socio frente a Hacienda, ya que la formación registró este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar esta última norma a la que ha tenido acceso elEconomista.es.
El partido de Yolanda Díaz abre un nuevo frente en el Gobierno tras el choque por la tributación del SMI al recopilar las demandas de la patronal. La propuesta, firmada por la portavoz Verónica Martínez y el diputado Carlos Martín busca construir un marco para que puedan actualizar los precios de los contratos del sector público "cuando se produzcan incrementos de los costes laborales derivados de la aplicación de convenios colectivos, de las subidas del SMI o de otras modificaciones que por vía legal o convencional" cambien los salarios de los trabajadores que desarrollan esos contratos. Sumar diagnostica que la situación actual "genera importantes disfunciones en la ejecución de los contratos públicos que ponen en peligro su viabilidad".
El grupo parlamentario recuerda que la falta de mecanismos jurídicos para revisar el precio de las licitaciones ha llevado a la resolución anticipada de contratos públicos por la incapacidad de algunas empresas de asumir estos costes, al tiempo que miles de lotes queden desiertos cada año, lo que afecta directamente a la prestación de los servicios públicos. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) -dependiente del Ministerio de Hacienda- concluyó que en el año 2023 quedaron sin cubrir 20.609 licitaciones, casi un 8% del total.
Sumar propone una reforma de la ley de contratación pública del 2017 para introducir un artículo 100.3bis en el que se abre la puerta a la actualización del precio por incremento de los costes laborales, del la que excluye a las concesiones de obras y servicios y los contratos con una duración inferior a un año. La nueva redacción permitiría que las empresas que destinen más de un 30% del presupuesto de la licitación a cubrir los costes salariales puedan repercutir al ámbito público estos incrementos. Si bien, el ajuste no sería automático, sino que la empresa tendrá que solicitarlo al organismo que lo contrató que dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para responder. Además, la proposición prevé que el silencio administrativo se entenderá en un sentido positivo y se dará por aceptada dicha solicitud.
El partido también aboga por retocar el artículo 100 de la misma norma para incluir la variable del 30% del precio, en lugar de la cláusula anterior que se refería a que el coste de los salarios formen parte del precio total del contrato, algo que sucedía siempre. Un apartado en el que también incluye la referencia expresa al convenio para concretar que será tomado como referencia el del personal laboral de las administración que contrata o en su defecto, del convenio que sea de aplicación a la empresa que suscribe el contrario si recoge mejores condiciones para el trabajador.
La ley de desindexación también fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en un contexto de crisis e impide la revisión de los precios de las licitaciones de servicios como el mantenimiento o la limpieza, muy demandantes en mano de obra y en el caso del segundo sector, con salarios ligados al SMI o muy cercanos a este, por lo que se ven afectados por cada subida. La situación también impacta en el ámbito de la construcción, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a abrir una excepción tras el aumento de precios derivado de la guerra de Ucrania. No obstante, la ministra María Jesús Montero se ha negado a permitir esta revisión respecto a los costes laborales, por lo que las compañías afectadas presionan al Gobierno para poder compensar, al menos, los incrementos impuestos por ley como sería el del SMI pero también de las cotizaciones o de la reducción de jornada a 37,5 horas.
La modificación de esta ley fue una de las dos condiciones puestas por CEOE y Cepyme al proponer una subida del SMI del 3% en las dos últimas negociaciones. Y es una demanda que comparten los sindicatos, que denuncian que el sector público está contribuyendo a prevaricar las condiciones de estos trabajadores, que son en su mayoría mujeres, al impedir que se repercuta el alza de costes. CCOO y UGT han apreciado que este obstáculo se ha traducido en problemas para actualizar los convenios del sector y ha llevado a crear dos tablas salariales, en función de si son empleados de las contratas o no.
Las patronales Aeesdap(deportes y salvamento), Aspel y Afelín (limpieza), Aeste y Fed (dependencia), Conacee (centros especiales de empleo), AMI (mantenimiento), Food Service (restauración colectiva), Asade (atención a domicilio e Igualis (iniciativa social) unieron fuerzas en la plataforma de AlianzAS. En el mes de septiembre firmaron un documento junto a los dos sindicatos más representativos para demandar un cambio a los grupos políticos. En diciembre, se reunieron con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se mostró sensible a sus demandas y se comprometió a impulsar la modificación con una proposición de Sumar.
El escollo está por tanto en el otro ala del Ejecutivo, que en los últimos años se ha mostrado reacio a cambiar la norma de desindexación. Sin embargo, el secretario general de la plataforma, Javier Sigüenza, se muestra optimista en conversación con elEconomista.es tras trasladar su propuesta en una reunión en el mes de enero en la que finalmente no estuvo presente Montero. "Vimos cierta apertura, pese a no conseguir un compromiso en firme" explica. La cartera de Hacienda no detalla si ha cambiado su posición al respecto, aunque según ha podido saber este periódico se reunirá de nuevo con las patronales y los sindicatos en los próximos días.
Los empresarios celebran este paso, puesto que los contactos sectoriales de los años anteriores no habían conseguido ningún mínimo gesto. No obstante, asumen que en el caso de que el Gobierno finalmente se pliegue a sus demandas, los cambios tardarán en llegar, por lo que de momento no podrán trasladar la subida de 50 euros que no habían anticipado al firmar el contrato. Algunos se extienden por cinco años, tiempo en el que la renta mínima ha crecido más de un 20% y se han elevado las cotizaciones como consecuencia de la última reforma de pensiones. Esto ha llevado a estrechar la rentabilidad de estas licitaciones a mínimos o incluso a cero, sin que puedan abandonar el servicio a ayuntamientos si el nuevo concurso queda desierto.
De hecho, fue uno de los puntos incluidos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que las organizaciones empresariales y las centrales sindicales firmaron a mediados de 2023. Los actores reclamaban "eliminar la posibilidad de realizar una revisión de precios o al menos, permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos o de acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales".
