El Gobierno dio ayer el primer paso para aprobar la reducción de jornada a 37,5 horas a la semana. El Consejo de Ministros impulsó el anteproyecto de ley, que será tramitado de forma urgente para llegar al Congreso de los Diputados en las próximas semanas. El nuevo límite afectará a dos millones de trabajadores a tiempo parcial, para los que la nueva normativa se traducirá en una mejora salarial, de acuerdo con la cláusula introducida en el pacto con los sindicatos.
El texto firmado en diciembre, que es idéntico al tramitado por el Gobierno a pesar del choque que protagonizaron los ministerios de Trabajo y Economía, recoge una disposición transitoria segunda en la que se aclara que "las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma". Es decir, si actualmente una persona tiene un contrato de 20 horas no se le reducirá la jornada en la parte proporcional, sino que mantendrá su horario con un incremento en el precio por hora.
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Esto conllevará una subida salarial implícita, un efecto buscado a propósito por Yolanda Díaz. "Tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales" detalla el texto que sometieron en diciembre al trámite de audiencia pública y que ahora tendrá que recabar los informes del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES). A lo largo de estos meses, el Gobierno ha explicado que el trabajador tendrá la posibilidad de optar por la vía contraria y recortar sus horas de trabajo y por tanto, conservar el salario que perciben actualmente, pero siempre por voluntad de este.
Fuentes gubernamentales trasladan que este fue uno de los aspectos más criticados por la cartera de Economía al hacer objeciones al texto, a pesar de que en público el ministro Carlos Cuerpo centró sus pegas en la falta de medidas compensatorias como ayudas para las pymes o una aplicación más transitoria de la reducción de jornada laboral. En cambio, era un aspecto clave para la esfera de Sumar, que se negaba a hacer ningún cambio en la tramitación interna y que no está dispuesta a negociar estos aspectos en el ámbito parlamentario.
"El proyecto de ley hace una cosa muy importante, muy decisiva precisamente para combatir el trabajo a tiempo parcial no deseado y clave en términos de genero que es ajustar la variable en salario y no en tiempo para el trabajo a tiempo parcial" explicaba ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a preguntas de los medios. "Esta medida va a hacer que sus salarios crezcan y mejoren su posición" resumía la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes.
El anteproyecto también prevé que los trabajadores contratados a tiempo parcial con jornadas que en promedio anual resulten iguales o mayores a las 37,5 horas semanles, pasen a tener un acuerdo laboral a jornada completa tras la entrada en vigor de esta norma. Si bien el Ministerio de Trabajo no ha detallado cuántas personas se encuentran en esta situación, los empleados a tiempo parcial suponen un 16,3% del conjunto de los afectados por la reducción de jornada laboral, según los datos difundidos este martes a partir de la EPA de 2023, por lo que estos registros no tienen por qué retratar correctamente la situación actual.
Por el contrario, Díaz pospone la revisión de las jornadas especiales de trabajo y se da un plazo de 18 meses para convocar a patronal y sindicatos a una mesa posterior en la que se adecúen las ampliaciones y limitaciones en la ordenación de la jornada al nuevo límite legal, en el plazo de un año y medio desde que se apruebe este cambio. Este es un modelo más flexible reservado para cubrir los sectores o puestos de trabajo con necesidades especiales de forma que el descanso de 12 horas entre jornadas puede reducirse a 10 horas en algunos supuestos o la jornada máxima diaria no puede superar las seis horas en otras, en función del contexto.