Madrid 
El presidente de Cepyme convocará este martes al Comité Ejecutivo y la Junta de Cepyme para debatir su decisión de dejar en punto muerto la reforma del sistema de voto de los integrantes de esta patronal, con la que pretendía poner coto, o incluso eliminar, la delegación ahora ilimitada de sus sufragios. Fuentes empresariales aseguran que el factor decisivo tras la decisión de Cuerva estriba en la incertidumbre que existe sobre el sentido en que se pronunciará, acerca de este mismo asunto, el tercer pilar sobre el que se sustenta el gobierno de la patronal de las pymes: la Asamblea. Existe un considerable riesgo de que, en ese foro, Cuerva se tropiece con una mayoría que rechaza el cambio.
En las últimas semanas, ha quedado claro que recabar la opinión de este último organismo resulta insoslayable en lo que concierne a una propuesta de reforma de tanto calado, que afecta al modo en que manifestarán sus preferencias los en torno a 451 integrantes de la Asamblea, ante la inminente convocatoria de las elecciones de la patronal. Hoy mismo debería conocerse la fecha definitiva en la que las urnas estarán disponibles, en medio de un escenario de lucha cada vez más intensa entre Cuerva y su homólogo de CEOE, Antonio Garamendi, quien avala a su propia candidata, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel.
Es más, los propios informes jurídicos solicitados por el equipo de Cuerva, para justificar su propuesta, son claros a la hora de incidir en que la Asamblea tiene que refrendar la reforma del sistema de voto. No basta, por tanto con el voto afirmativo que ya obtuvo esta iniciativa en la Junta de Cepyme, tras la reunión de este organismo celebrada a mediados del mes pasado. Ese aval fue interpretado como una clara victoria de Cuerva sobre los partidarios de Garamendi.
Ahora bien, el reciente documento firmado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aun cuando se muestra partidaria de acabar con la delegación ilimitada de votos, asegura que la decisión tiene que ser refrendada por la Asamblea de Cepyme. Si no dispusiera de ese aval, la reforma nunca alcanzaría el status de una reforma con efectos definitivos. Sobre esa base, sería posible que las modificaciones fueran objeto de impugnaciones judiciales.
Alto riesgo
La hoja de ruta, por tanto, es clara pero el problema para Garamendi se encuentra en que, aun cuando tiene respaldos en la Asamblea, resulta muy arriesgada una convocatoria de este órgano tan cerca de la celebración de las elecciones de la patronal.
El sentido en el que se pronunciarían los 451 integrantes constituiría una anticipación muy clara de cuál será el sentido de su voto, favorable a Cuerva en algunos casos o a la candidata de CEOE, Ángela de Miguel en otros.
Hasta tal punto se plantea una situación de todo o nada en la votación asamblearia que una derrota de Cuerva en este sentido se interpretaría como un rechazo a su reelección en calidad de líder de la patronal de las pymes. Por su parte, los delegados también se situarían en un contexto muy delicado, dado que todos ellos son conscientes de la dependencia que los une a CEOE en cuestiones tan importantes como la financiación que reciben.