El Consejo Económico y Social, el órgano consultivo del Gobierno en el que están representados la patronal y los sindicatos ha emitido este miércoles un informe crítico con el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas con un total de 54 votos a favor y solo dos en contra. Los consejeros han llevado a cabo una negociación 'in extremis' para alcanzar una postura de consenso en una materia en la que tanto los representantes de los sindicatos como de las organizaciones empresariales partían con posturas enfrentadas tras casi un año de negociación con el Ministerio de Trabajo. El grupo tercero, integrado por el sector agrario, pesquero, las cooperativas y el consejo de consumidores, así como por seis expertos propuestos por el Ejecutivo, se inclinó a finales de la semana pasada por el borrador de los sindicatos y finalmente, las empresas también se han sumado.
Así lo apuntan fuentes de la institución a elEconomista.es después de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, expresara esta mañana en un evento organizado por 'La Razón' su confianza en que el Pleno del CES emitiera un documento "crítico", con lo que abría la puerta a un movimiento en los votos de las organizaciones empresariales. El informe no es vinculante para el Ejecutivo, por lo que la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, no está obligada a incorporar los comentarios de este órgano al proyecto que remita al Congreso de los Diputados, si bien el cúmulo de cuestionamientos que se desarrollan a lo largo del texto suponen un toque de atención para la titular del ramo, que siempre presume de tener el diálogo social en el foco a la hora de gobernar.
Lo cierto es que el hecho de que se haya impulsado un documento conjunto, no implica que los diferentes lados del diálogo social hayan alcanzado un consenso que parecía imposible hace solo unos meses ya que a lo largo del texto se subrayan los puntos de discrepancia -como el tratamiento de la desconexión digital o los cambios en el registro de la jornada-. Sin embargo, la alusión específica a que el anteproyecto de ley no es producto del diálogo social (por estar acordado únicamente con los sindicatos) y la referencia a la necesidad de "contemplar un régimen transitorio suficiente" para la entrada en vigor de las 37,5 horas de trabajo, como el que se había reclamado desde el Ministerio de Economía, han propiciado este acercamiento de las posturas.
La norma negociada con los sindicatos concedía hasta el 31 de diciembre de 2025 a todos los convenios colectivos para adaptarse a la nueva limitación del tiempo de trabajo, pese a que existen serias dudas de que su tramitación pueda culminarse antes del verano si finalmente Díaz consigue el respaldo de Junts. En este informe, en cambio, los vocales del CES aprecian que es importante que las empresas sin convenio colectivo en vigor cuenten con un margen suficiente y también, donde sí existe convenio para que pueda abordarse en el seno de la negociación colectiva "teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas". Además, hace una referencia específica a las empresas que tienen contratos con la administración pública a las que Sumar busca compensar con una modificación de la ley de contratos del sector público que registró en el Congreso de los Diputados hace dos semanas, como adelantó elEconomista.es.
El órgano también cuestiona la memoria económica con la que el Ministerio de Trabajo acompaña al anteproyecto que ya impulsó el Consejo de Ministros en primera vuelta y a las referencias que se hacen en el preámbulo. "El CES entiende que se deben reconsiderar algunos extremos que pueden resultar inexactos o imprecisos" reclama en alusión a los comentarios que se vierten sobre el desarrollo de los convenios en el ámbito de la hostelería, el comercio o la agricultura que entienden que "inducen a error" sobre las realidades de estos sectores. Los vocales también opinan que debería detallarse más el impacto que la norma tendrá en los diferentes tamaños de empresa y en los sectores económicos que actualmente cuentan con jornadas más superiores, en concreto, ponen la lupa en el primario al que instan a compensar con la puesta en marcha de las medidas "para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".
Asimismo, el organismo cuestiona el plazo de año y medio que se incluyó en el anteproyecto para convocar a los agentes sociales y revisar la normativa sobre las jornadas especiales de trabajo a raíz del recorte de jornada. El CES entiende que el Gobierno "debería llevar a cabo dicha revisión en el plazo más breve posible" para poder adaptar la regulación a la situación de los diferentes sectores que cuentan con estas jornadas. En cambio, los 60 representantes que integran la institución no han conseguido cerrar una postura común sobre la referencia que hace la disposición tercera con la que se busca impedir que se hagan ajustes en los complementos salariales o en otros beneficios para compensar el incremento de costes asociado a esta política.
El Gobierno reclamó que este documento se elaborase con urgencia, por lo que inicialmente recortó el plazo para remitírselo a solo 10 días. No obstante, el Ministerio de Trabajo atendió la petición del CES de extender el periodo con el fin de someterlo a votación este mismo miércoles, si bien el órgano denuncia que el tiempo concedido no es suficiente para abordar en profundidad cada una de estas materias y ampliar el campo del consenso. Uno de los puntos con mayores diferencias es el referido a la desconexión digital, apartado en el que llaman a incluir algunas excepciones para la prohibición de contactar a los trabajadores fuera de su horario en función de la actividad o el sector en el que desarrollen su profesión, así como a aclarar los conflictos que puedan existir con lo recogido sobre este mismo tema en la ley de protección de datos.
Los diferentes grupos tampoco comparten criterio sobre el nuevo sistema del registro de la jornada. El órgano advierte de los riesgos que representa el hecho de que se garantice el acceso en remoto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a estas anotaciones. "Deberían contemplarse cuantas medias y salvaguardias sean necesarias en materia de ciberseguridad para minimizar el elevado riesgo de ataques informáticos que a priori comporta la interoperabilidad del registro y la accesibilidad remota desde diferentes organizaciones y servidores informáticos". A su vez, los vocales cuestionan que se obligue a registrar las horas en formato digital sin valorar las dificultades que esto puede suponer para los trabajadores agrarios o pesqueros o aquellos que no trabajen con medios informáticos. En este sentido, reclaman que se publique cuanto antes el reglamento que tiene que desarrollar este aspecto, dado que la futura ley solo hará una mención al marco genérico.