Madrid 
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, se ha mostrado especialmente crítico con el Gobierno al intervenir en la ceremonia de los premios que concede la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Ha acusado al Gobierno de "orillar" el diálogo social (después de que el Ministerio de Trabajo haya firmado varios acuerdos solo con los sindicatos) y ha recriminado que sus decisiones, como el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las cotizaciones o de las obligaciones a las que tienen que hacer frente las empresas lastran la productividad de las empresas y se traducen en una falta de competitividad frente a sus homólogas internacionales.
El líder de la pequeña y mediana empresa ha defendido su postura crítica contra el Gobierno y en especial, contra la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, frente al tono institucional que caracteriza las intervenciones de Antonio Garamendi y que también, ha marcado las palabras que ha pronunciado frente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y su socia de coalición. "Para mí sería más fácil adoptar una posición tímida, condescendiente pero lo institucional no puede estar reñido con lo responsable" ha argumentado en clara respuesta al cuestionamiento impulsado por la cúpula de CEOE tras perder la confianza en el empresario granadino. "Solo estoy aquí para defender y dar voz a los que me eligieron, a los que están lejos de los grandes centros económicos y parecen contar poco. No me lo podría perdonar si no le diera voz a los empresarios para los que el SMI supone un 80% del salario de su provincia o aquellos que no pueden dormir pensando cómo asumir la reducción de la jornada laboral" ha reprochado.
En un evento marcado por la tensión, después de que se diera a conocer que Ángela de Miguel es la apuesta del presidente de CEOE para disputar al presidente de Cepyme su cargo, Cuerva ha hecho referencia al Manifiesto de la pyme que se presentó el pasado 3 de julio y que agravó el cisma en el seno de la patronal. En este documento, las pequeñas y medianas empresas se rebelaban contra el intervencionismo y sobrerregulación por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez: "Hace 7 meses del Manifiesto de la pyme, era un documento duro, pero meditado en un momento de hartazgo en el que los pequeños empresarios nos exigían responder a las medidas que estaban adoptando. Este manifiesto no se hubiera hecho si su Gobierno no hubiera "orillado" el diálogo social, ha señalado Cuerva en la apertura de la XI edición de Premios Cepyme en la que Sánchez y Díaz ocupaban la primera fila.
"La lealtad al Gobierno, a España y a las pymes me obligan a decirte que no hay más margen", ha sentenciado Cuerva dirigiéndose directamente al jefe del Ejecutivo antes de culminar un discurso que solo ha sido aplaudido por la mitad del patio de butacas, donde las posiciones estaban repartidas entre favorables a la dirección de Cepyme y al responsable de CEOE. Garamendi ha recogido parte de esta intervención y defendido la voz de las patronales en el diálogo social, amparándose en el artículo 72 de la Constitución Española. "La mejor forma de avanzar social y económicamente es contar con nosotros (las patronales), los sindicatos y las empresas" ha reclamado. No obstante, no ha hecho oídos sordos a las críticas veladas de Cuerva y ha llamado a "dejar los intereses personales a un lado", tras defender que él también da voz a las pequeñas y medianas empresas.
El dirigente de Cepyme no ha hecho ninguna valoración sobre la designación de su rival de cara a las elecciones que todo apunta a que se convocarán en la reunión de la Junta Directiva de la semana que viene. Si bien, ha reafirmado su voluntad de seguir al frente de la organización que antes presidió el propio Garamendi y de mantener el tono crítico que entiende que le exige su cargo. "Mientras pueda voy a seguir defendiendo a las pymes españolas y voy a darle voz al clamor" ha afirmado. Cuerva asumía así la división interna después de la reunión del Comité Ejecutivo de este martes en la que los dos 'bandos' enfrentaron dos informes jurídicos que abordaban los cambios en el sistema de voto propuestos por el empresario granadino y que los próximos a Garamendi quieren impugnar.
Como contó elEconomista.es, la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas fue a la reunión del órgano de gestión de la patronal de las pymes para defender la actuación del presidente de Cepyme y la legalidad de las restricciones en el voto delegado introducidas por la Junta Directiva hace dos semanas después de que el Comité se pronunciara en contra. Los cercanos a Garamendi respondieron con un segundo informe jurídico firmado por la consultora EY (Ernst & Young) en el que se defendía que se habían vulnerado los estatutos de la organización y abría la puerta a la posible impugnación que los vocales más críticos estudian desde el día en el que se impulsaron los cambios.