Madrid
Pequeños y medianos empresarios, representados por la patronal Cepyme, se han alzado contra la "intervención" y la "sobrerregulación" del Gobierno. En la celebración de la Asamblea General, varios pequeños empresarios han leído un manifiesto "por la libertad de empresa" en el que explican su hartazgo y preocupación por las maniobras políticas que afectan a la relación con las empresas. La mayoría de dardos son para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El acto ha estado respaldado por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y por el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. El representante de las pymes ha explicado que los siete puntos del texto tratan de denunciar "la situación de ataque que estamos sufriendo, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y porque es objetivamente mala para nuestro país". Se amparan en el artículo 38 de la Constitución Española, que defiende la libre actuación de la empresa.
El Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa recoge las líneas que, según la empresa, el Gobierno no debería transigir para no interferir en el buen funcionamiento de la actividad empresarial, evitando su coerción y obstaculizando su desarrollo. En definitiva, defender la libertad de empresa, cesar el intervencionismo y la estigmatización de la figura del empresario. Cepyme defiende la obtención de beneficios por parte de las empresas.
El texto, que ha sido leído por pequeños empresarios de la geografía española, defiende "la dignidad y la libertad empresarial". Según su presidente, denuncia "la situación a la que se nos aboca desde el Gobierno a las pymes españolas".
La carga legislativa o el "control de la empresa", con una especial sobrerregulación e intervención de la empresa a través de los salarios o los impuestos estaría afectando al correcto funcionamiento de las pymes. "Pedimos que esa actitud sea corregida", señala su presidente Cuerva.
Dignidad empresarial, costes o control político
Los empresarios trabajan mano a mano con los sindicatos ya no solo en grandes reformas, también en las casi 5.000 mesas de negociación colectiva. Acusan al Gobierno de intentar romper el equilibrio interno de los convenios, en referencia al recorte de la jornada laboral y a las injerencias de Trabajo.
Lamentan que en los últimos años usen al diálogo social con motivos políticos y no por el bien común. La reclamación de las pymes coincide en tiempo y forma con la tensión generada en la mesa de diálogo social por la citada reforma de. "Pedimos que acabe la tutela gubernamental en la organización interna de las empresas", denuncian. La patronal se ha negado a presentar una propuesta y ahora hace este manifiesto. Piden respeto al diálogo social y a la negociación colectiva. Y, al Gobierno, más responsabilidad.
"Pedimos que acabe la tutela gubernamental en la organización interna de las empresas"
Los empresarios consideran que el Gobierno está cargando sobre ellos el peso de una política de aumento de costes, cargas burocráticas, fiscales y sociales. Además, adolecen de una estigmatización de la empresa y la figura del empresario basada en la persecución de beneficios, la rentabilidad y el éxito de los negocios. Reivindican el esfuerzo y el papel de la empresa en la sociedad y la economía.
A Díaz le acusan de no realizar un análisis justo sobre la productividad, los costes laborales o la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma de la jornada laboral que quiere implementar. "Supone una injerencia política de espaldas a la realidad del tejido productivo español", denuncian. "Pedimos que no se apliquen intereses electoralistas a decisiones que tienen un impacto directo en la productividad y en el funcionamiento de muchas empresas", añaden.
Control, sobrerregulación y rigidez
Denuncian el "goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones cuyo origen es la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas del empresario". Sienten que sobre la empresa ha surgido un principio de culpabilidad al calor de la proliferación del intervencionismo con normas, registros o planes carentes de efectividad más allá de elevar la carga burocrática.
"Pedimos que cese la injerencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interno de la empresa y que se garantice su flexibilidad. Alejarnos del modelo europeo de flexibilidad es un error que acabarán pagando todos los ciudadanos españoles", afirman.
En este punto incluyen varios aspectos que "coartan la flexibilidad", como elevar coste del despido, ampliar las causas de nulidad por los ceses o intervenir las nóminas a través del salario mínimo o la importante subida de costes laborales de los últimos años. "Dictar el funcionamiento interno de las empresas desde la esfera gubernamental supone vulnerar los derechos de propiedad, encorsetar las decisiones y la capacidad de respuesta a un entorno en cambio constante", rezan.