Madrid
Joaquín Pérez Rey, el 'número dos' de Yolanda Díaz, ha confirmado que el Ministerio de Trabajo terminará de pulir el texto de la reducción de la jornada laboral únicamente con los sindicatos UGT y CCOO, tras afirmar que la patronal CEOE no ha reflejado por escrito su postura. El secretario de Estado ha explicado que prevén acordar la reforma únicamente con las centrales si la patronal no realiza una propuesta, aunque no les mantiene la puerta de la negociación abierta. "No pierdo la esperanza", ha explicado, tras acusarles de "burlar" al diálogo social y a la democracia. Tanto los sindicatos como los empresarios están citados a la que probablemente será la reunión definitiva la semana que viene. Posteriormente, la medida pasará al terreno político como anteproyecto de ley.
El secretario de Estado confirmó que el Gobierno se tomará la vía libre para rebajar la duración de la jornada semana máxima "de la mano de los sindicatos para pulir un texto que cuanto antes pueda ser remitido a las Cortes Generales". CEOE está convocada a la próxima reunión, aunque fuentes empresariales confirman que no llevarán texto ni propuesta alguna a la próxima cita. De hecho, los miembros de la patronal esperaban un tono más duro tras el ultimátum. Le sorprende que ahora el Gobierno haya decidido dar una semana más, observando esta estrategia como una muestra de debilidad.
La celeridad con la que Trabajo quiere aprobar la reforma, que entrará en vigor sin el periodo de transitoriedad que pidió la patronal, es un punto de no retorno entre las partes. El acuerdo es muy cercano, aunque "depende de cómo avancemos con los sindicatos puliendo los aspectos técnicos y también de si la patronal no mueve su posición". Pérez Rey se muestra "escéptico" de que la patronal mueva ficha. "No solo no ha habido ninguna otra propuesta, sino que ha habido un cuestionamiento de rebajar legalmente las horas", ha detallado tras la reunión.
"Si Garamendi y Cuerva quieren hacer un favor o representar eficazmente a las empresas de nuestro país, deberían recapacitar si la posición en un diálogo social puede ser esta. Creo que hay demasiados lastres políticos en la decisión de la patronal. Esta es una posición que está más lastrada por la ideología que por la adecuada posición de las empresas a las que representan", ha criticado el secretario de Estado.
"La postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido claramente decepcionante e incomprensible", ha afirmado en rueda de prensa Pérez Rey, que ha destacado que después de meses de negociación CEOE y Cepyme no pueden seguir "en el no a todo" y buscando la manera de que la reducción de jornada al final no se aplique. "No es una medida elitista, es para el conjunto de las personas trabajadoras. Las 37,5 horas es una medida transversal", ha explicado. Según cálculos facilitados por el propio secretario de Estado, la reducción de la jornada afectará a unas 12 millones de personas.
Uno de los grandes puntos de desencuentro es el aumento de las horas extraordinarias, una postura que incluyeron los empresarios en la negociación bipartita. "No le vamos a decir a los ciudadanos que lo que ganan por un sitio lo pierden por otro, que la reducción de jornada a 37 horas y media se va a compensar haciendo más horas extras en un país donde las horas extras son una lacra y la mayoría de las veces no se pagan", ha afirmado. El control de los horarios a través de un registro digital también ha sido otro motivo de distanciamiento entre el Gobierno (y los sindicatos) y la patronal.
De forma casi inminente, la reforma entrará en el plano político. "Abriremos una negociación con los grupos parlamentarios cuando tengamos el texto", ha explicado Pérez Rey, que se muestra optimista con los apoyos de las distintas fuerzas parlamentarias. En esta fase, los partidos podrán realizar sus aportaciones al articulado y modificar las cuestiones técnicas de la reforma.
Díaz tendrá que maniobrar en el Congreso de los Diputados para sacar adelante su medida estrella (junto al encarecimiento del despido) para esta legislatura. Tras intervenir en la negociación bipartita a la vista de los escasos avances entre los interlocutores sociales, tensando la relación con CEOE y Cepyme, la vicepresidenta segunda tiene ahora el camino más allanado para certificar la reforma con los sindicatos, aunque deberá jugar más adelante las cartas políticas.
En la Cámara Baja tendrá que recabar el apoyo de formaciones como Junts, que se abstuvo en el Congreso cuando Sumar presentó la medida pero tuvo una opinión muy crítica; PNV, otro grupo que podrá reclamar cesiones y retocar el articulado a cambio de apoyar la reforma. También con Podemos, los excompañeros de Díaz que a comienzos de año asestaron un duro golpe a la vicepresidenta tumbando la reforma del subsidio por desempleo.