El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, reunió al Comité Ejecutivo de la patronal de las pequeñas y medianas empresas dos semanas después de la reunión en la que el órgano se dividió en dos ante la propuesta del empresario granadino de cambiar el sistema de voto. El objetivo era despejar las dudas legales sobre la votación realizada por la Junta Directiva horas después por la que se incorporaron al reglamento interno los cambios impulsados por Cuerva para acabar con el voto delegado que Antonio Garamendi buscaba usar para sumar apoyos a su candidato. Fuentes presentes en la reunión trasladan a elEconomista.es que la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas ha intervenido para defender la actuación del líder de las pymes y exponer un informe elaborado al efecto.
El documento elaborado por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social ahonda en la postura señalada en el informe encargado al despacho de referencia de la patronal, Moreno Catena & Venturi, y adelantado por este periódico en el que se concluía que el cambio era legal y válido. Tras revisar las actas de ambas reuniones y los estatutos de Cepyme, la también consejera del Consejo de Estado explicó que la propuesta del Comité no era vinculante ni suponía una decisión en sí misma, puesto que solo la Junta tiene la competencia de reformar el reglamento interno y en este foro los cambios propuestos por Cuerva obtuvieron un respaldo de 64 votos frente a 55 rechazos. "No hay el menor asomo de ilegalidad estatutaria de la Junta Directiva" concluye el trabajo.
La jurista abordó el punto de los estatutos que establece que "las modificaciones serán aprobadas por la Junta Directiva a propuesta del Comité Ejecutivo" al que el sector crítico (mayoritario dentro del órgano de gestión ordinaria) se aferra para impulsar una impugnación en los tribunales. Casas señala que este apartado "se limita a establecer un orden determinado en el procedimiento de aprobación y modificación del reglamento de régimen interno" por el que la propuesta del Comité es un "acto de trámite" a superar antes de que el órgano que tiene la capacidad de decidir (la Junta) lleve a cabo el acto decisorio por el que se adoptan los cambios propuestos dentro del orden del día. Es decir, que el primer órgano puede reflejar su posición, como hizo con una propuesta en negativo pero que su criterio no condiciona de ninguna forma la decisión que puede tomar después la Junta, donde están representados los integrantes de la patronal de las pequeñas y medianas empresas.
La intención del presidente del Cepyme era calmar las aguas antes de este miércoles, cuando la organización de las pequeñas y medianas empresas celebra sus premios anuales que contarán con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su clausura. Allí Cuerva volverá a encontrarse con el presidente de CEOE apenas dos días después de que este apelase a "dejar de lado egos e intereses parciales" y llamase a la "unidad empresarial" en la asamblea electoral de ATA, donde Lorenzo Amor fue reelegido como cabeza de la asociación de autónomos integrada en la patronal. Sin embargo, esto no fue posible ya que el sector mayoritario contraatacó con otro documento jurídico firmado por la consultora EY (Ernst & Young) , tal y como pudo saber este periódico.
Este grupo le había manifestado a Cuerva su malestar a través de una serie de cartas enviadas el pasado 20 de febrero (dos días después de la polémica reunión del Comité) en las que se denunciaba que se habían cometido "una serie de graves irregularidades" por las que se vulneraron los estatutos y se dañó "la confianza de los miembros de la organización y su imagen externa". El sector que dos días antes había votado en contra de los cambios propuestos por Cuerva cuestionó que el presidente impusiera el voto secreto que aseguraban que solo estaba reservado para la "elección y cese del presidente" pero no para "su uso improvisado en la adopción de acuerdos en las reuniones" y argumentó que este cambio suponía "una merma de las garantías democráticas" sin precedentes.
En cambio, tanto los dos informes elaborados por el despacho que habitualmente asesora a Cepyme como el realizado por Casas ponen el énfasis en que el sistema vigente hasta que se aprobaron estas modificaciones (que tienen que ser avaladas por la Asamblea General) y que era diferente al de ATA o CEOE mermaba la calidad democrática de la patronal. "La prohibición del ejercicio del derecho de voto por representación es un requisito de las votaciones democráticas, por lo que es un logro tardío su incorporación a la regulación interna de Cepyme" señaló la expresidenta del Tribunal Constitucional, que entendía que era un cambio que la patronal se vería obligada a llevar a cabo tarde o temprano para amoldarse al artículo 7 de la Constitución que dicta que funcionen con criterios democráticos.
Cuerva ha convocado a la Junta el próximo martes 11 de marzo, cuando se espere que ponga fecha a las elecciones a la presidencia de Cepyme donde todo apunta a que se medirá con el candidato que impulse Garamendi. Después, tendrá que convocar a la Asamblea General para refrendar los cambios en el voto.