A la espera de que el grupo de trabajo haga pública su recomendación sobre la subida del salario mínimo en 2025, los sindicatos califican de insuficiente el incremento al que hizo alusión la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se inclinó por elevarlo un 4% y llevarlo a 1.179 euros brutos, por ser la proporción en la que había crecido el salario medio durante el año pasado, según algunas estadísticas. La ministra de Seguridad Social también respaldó esta posición en declaraciones a los medios, algo que fue interpretado por la responsable de Trabajo como una injerencia en su cartera, que no se ha pronunciado hasta que no lo haga la citada comisión.
"Vamos a ir con nuestra propuesta que situamos entre el 5% y 6%" ha sostenido este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al ser preguntado por la mesa de negociación que podría iniciarse la próxima semana. El líder de la central sindical ha rechazado tener líneas rojas antes de iniciar el debate con el ministerio de Yolanda Díaz y con las organizaciones empresariales, representadas por CEOE y Cepyme, si bien ha fijado que en todo caso, reclamaran que esta supere la referencia del 4%. "Más allá de las disputas que aparecen todos los días en relación a un miembro del Gobierno, cuando acaben sus disputas vendrán con nosotros y no nos vamos a ver aludidos por peleas de un u otro ministerio, la negociación con sindicatos y patronales no ha empezado".
Como es habitual, CCOO y UGT lanzaron una propuesta conjunta para la subida de la renta mínima, por lo que este umbral operará de facto como punto de partida de la negociación con los empresarios que el Gobierno quiere cerrar antes de fin de mes, con el objetivo de llevar el incremento al Consejo de Ministros ya en enero. Una subida del 5% llevaría el SMI a 1.190,7 euros al mes y una del 6% a 1.202,04 euros en 14 pagas, desde los 1.134 euros actuales. Y las conversaciones arrancarán en un contexto de ruptura de relaciones con la CEOE por el desgaste de los once meses de negociación de la reducción de jornada, tras los que no se consiguió firmar un pacto a tres.
Ninguna de las actualizaciones del SMI llevadas a cabo desde 2020 ha contado con el respaldo de los de Antonio Garamendi, por lo que la exigencia de los sindicatos suele inclinar la balanza de Trabajo, dentro del abanico que señala la comisión de expertos (que el año pasado no se convocó de manera formal y no arrojó un porcentaje). En 2024 UGT se negó a aceptar un incremento inferior al 5% y finalmente, esta fue la cifra aplicada después de que las organizaciones empresariales se negaran a firmar un alza del 4% si no estaba acompañada de sus demandas: la actualización de la normativa de contratación pública por la que no pueden repercutir el aumento de los costes laborales y una reducción de las cotizaciones al campo que no convenció ni a Trabajo ni a CCOO y UGT.
Este 4% fue el punto de partida del grupo de trabajo diseñado por Díaz en el que hay representantes de Economía, de Hacienda y Trabajo, así como académicos de diferentes universidades españolas y economistas propuestos por CCOO y UGT (pero ninguno impulsado por la patronal). El motivo es que toman como referencia la Encuesta de Estructura Salarial publicada recientemente pero que acumula un decalaje de varios años puesto que los datos corresponden al año 2022 y la Encuesta de Costes Laborales de carácter trimestral, en la que aparece separado el gasto en salarios. Si bien, el Estatuto de los Trabajadores insta al Gobierno a tener otros factores en cuenta como la evolución de la economía o la productividad, que no tuvieron peso en este esquema en los años anteriores.??????
Precisamente, la fórmula que se emplee es fundamental para el sindicato próximo al PSOE. El grupo de expertos tiene que determinar cuál es el salario medio y cuál es el 60% de este, al que la Carta Social Europea liga los SMI. No obstante, esta organización sindical no comparte el criterio empleado hasta el momento por excluir los datos de Eurostat (entre otros) por los que el salario medio escalaría hasta los 32.587 euros (2023) y el mínimo se situaría en el entorno de los 1.300 euros brutos al mes, según las fuentes consultadas por elEconomista.es. Este año ha sido la primera vez que UGT ha podido proponer a un economista para el grupo de expertos, por lo que confían en poder incluir este criterio en la fórmula final, no obstante, por el momento no es algo que esté garantizado.
El grupo de trabajo acordó en la reunión del pasado viernes reunirse a comienzos de esta semana, por lo que todos los actores esperan que la recomendación se cierre esta semana y que antes del fin de semana, también tenga lugar la convocatoria del Ministerio de Trabajo a los negociadores de la patronal y los sindicatos, con el objetivo de aprobar cuanto antes la nueva cuantía por interés político y para generar la menor incertidumbre en las empresas.