Un mes después de encargar una recomendación al renovado grupo de expertos del SMI sobre el alza de 2025, el Ministerio de Trabajo está listo para aprobar la subida antes de que acabe el mes de enero, según trasladan fuentes próximas al departamento a elEconomista.es. El porcentaje de incremento está aún por determinar, puesto que la comisión aún no ha compartido aún con Yolanda Díaz en qué medida deben aumentarse los 1.134 euros brutos actuales para mantener la referencia en el 60% del salario medio y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, tras varias reuniones, el ministerio ya se prepara para convocar a los agentes sociales una vez pasados los Reyes y aprobar la subida en Consejo de Ministros antes de que acabe este mes, lo que reduce a prácticamente cero las probabilidades de hacerlo con el apoyo de CEOE.
La actualización del salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno que se encuentra recogida en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, pero este está obligado a hacer una consulta a los representantes de la patronal y de los sindicatos antes de fijar la nueva cuantía. No obstante, Díaz ha manifestado su intención de que se produzca una negociación, como en los años anteriores, por lo que podrían darse varias reuniones antes de llevar la cifra definitiva al Consejo de Ministros. Si bien, las posiciones parecen previamente fijadas, a pesar de que oficialmente todas las partes esperan a que se publique el informe de este grupo, que acordó volver a citarse una vez más para cerrar la horquilla, en la reunión celebrada este viernes, según trasladan fuentes de la mesa.
Los sindicatos demandan desde hace meses que el incremento sea del 5% o del 6%, lo que llevaría la renta mínima a 1.190,7 o 1.202,04 euros brutos. Un horizonte que la formación sindical encabezada por Pepe Álvarez ya se había marcado para el año 2023. Los secretarios generales de CCOO y UGT se fijan en los incrementos pactados en convenio o experimentados por los sueldos, según las estadísticas, para apuntar en esta dirección que llegaría incluso a duplicar a la inflación, que a falta de confirmación cerró el 2024 en el 2,8%. Los ministros de Economía y Seguridad Social, Cuerpo y Saiz, se inclinan por un 4%.
Y los empresarios, por su parte, se mantienen a la espera de conocer cuál es la propuesta del Ministerio de Trabajo. No obstante, fue uno de los temas abordados por la cúpula de CEOE en su reunión de diciembre, donde señalaron que la desindexación de los contratos suscritos por las empresas con el sector público iba a ser la condición para apoyar un incremento de la renta mínima, en un contexto de enfrentamiento con Trabajo por el desgaste generado en la negociación para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas. Tal y como trasladaron a este periódico fuentes presentes en la cita.
Este ya fue el requisito presentado en la mesa de 2024, un obstáculo que Díaz se comprometió a resolver pero que no ha podido cumplir ante la negativa del Ministerio de Hacienda. Esta ley aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy impide que las compañías que prestan, por ejemplo, servicios a los ayuntamientos no puedan repercutir los incrementos de costes laborales. La subida del SMI ha sido del 54% desde el año 2018 y a esta se han sumado las alzas de costes ligadas a la última reforma de pensiones, por lo que las compañías del sector denuncian que estos acuerdos ya no son rentables. En este tema, los sindicatos comparten el diagnóstico y denuncian que el Sector Público está contribuyendo a precarizar a los trabajadores de la limpieza, los cuidados a domicilio o el mantenimiento de instalaciones deportivas, con gran presencia de mujeres.
Sería el quinto sin CEOE desde 2020
El Ministerio de Trabajo no se cierra a consensuar el incremento del SMI con los negociadores de CEOE y Cepyme, no obstante, parece una posibilidad remota dado el tono empleado en los últimos meses. Las fuentes empresariales consultadas tampoco quieren extender esta conversación, dado que dan por hecho que el Gobierno aplicará otro alza y prefieren que se fije ya en enero para restar incertidumbre a las empresas. Esto se debe a que el SMI se aprueba siempre con carácter retroactivo al 1 de enero, por lo que las compañías se ven obligadas a hacer ajustes en las nóminas pese a que ya se hayan ingresado o se haya terminado la relación laboral.
Si bien, la aprobación de un alza contra el criterio de CEOE no supondrá una excepción, puesto que esta sería la quinta vez en la que el aumento de la renta mínima solo es respaldada por los interlocutores de CCOO y UGT. El último pacto a tres se dio en el año 2020, poco antes del estallido de la pandemia, cuando se elevó el SMI un 5,5% para llevarlo a los 950 euros brutos en 14 pagas.
En enero de 2021, Yolanda Díaz creó el grupo de expertos al que encomendó crear un método para calcular el 60% del salario medio ante el debate entre las diferentes fuentes estadísticas. Y en septiembre dictó la subida del SMI hasta los 965 euros brutos para cumplir esta recomendación. En febrero de 2022 se incrementó de nuevo para alcanzar los 1.000 euros al mes, tras cerrar un acuerdo con estos dos sindicatos y en 2023 se elevó un 8% (en línea con la recomendación del grupo de expertos) para llevarlo a 1.080 euros brutos. Finalmente, en 2024 se aplicó otro avance del 5% que lo llevó a los 1.134 actuales tras una serie de reuniones en las que Díaz solo consiguió recabar los apoyos de los líderes sindicales.
El Gobierno está actualmente a la espera de conocer la horquilla que recomienda el grupo de expertos al que las organizaciones empresariales restan peso, puesto que está integrado por representantes de Trabajo, Economía, Hacienda, CCOO y UGT, aunque también hay profesores de universidades como la UNED, la de Oviedo, la de Salamanca o Pompeu Fabra.
