A finales de enero, Yolanda Díaz, cerró un pacto con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4,4% hasta los 1.184 euros actuales. El porcentaje era inferior a la subida demandada por CCOO y UGT (entre un 5% o 6%), no obstante, decidieron dar su apoyo al incremento a cambio de abrir una mesa de negociación en un plazo de dos meses -del que ya ha expirado uno-. En ella, uno de los objetivos será endurecer los requisitos para que las empresas actualicen las nóminas de sus trabajadores con el nuevo SMI.
Tras cada subida de esta retribución, las compañías afrontan la posibilidad de que los sueldos ligados a ella aumenten más de lo estipulado. Así ocurriría si, a la subida del salario base, se le suman directamente y de modo automático los complementos o pluses reconocidos con anterioridad a los trabajadores. Actualmente, las firmas pueden evitar ese riesgo reduciendo proporcionalmente dichos complementos, lo que en términos técnicos se llama absorberlos o compensarlos. Es una práctica por completo legal, avalada por diferentes sentencias del Supremo.
Pero ahora el Gobierno impulsará una reforma de la ley para recortar este margen de acción, blindando los complementos y pluses tras la actualización del salario base con el SMI, lo que las forzaría a pagar un salario más alto.
La intención es hacerlo en el marco de la transposición de la directiva de salarios mínimos que España tenía que haber adaptado a la normativa nacional en noviembre del año pasado.Todavía no hay fecha para la primera reunión de la mesa en la que también estarán las patronales CEOE y Cepyme, que no formaron parte de este acuerdo. Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo acordaron tratar los "criterios de aplicación de la compensación y absorción como consecuencia del incremento del SMI" con el objetivo de cambiar la redacción del Estatuto de los Trabajadores, según explicó la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al anunciar los términos del acuerdo.
Esta norma recoge que "la revisión del SMI no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual" lo superen. Con la última actualización este umbral está fijado en 16.576 euros al año y las empresas pueden alcanzar esta cantidad sumando al salario base el total de pluses o complementos que paguen al trabajador y que se relacionen directamente con su trabajo. Es decir, los que tienen que ver con la nocturnidad, la antigüedad o la disponibilidad, pero no con los pagos destinados a compensar los gastos generados por el trabajador al prestar su servicio, como los taxis o las comidas que realice durante un viaje de negocios.
Actualmente, el salario base puede ser inferior al Salario Mínimo, puesto que es solo uno de los componentes del salario bruto. No obstante, muchos convenios vinculan estas dos variables, lo que ha dado lugar a que las empresas modifiquen los pluses para evitar que la subida del SMI conlleve incrementar el salario a los trabajadores que ya estaban por encima de ese rango. Los sindicatos se han manifestado en contra de la jurisprudencia del Supremo que avala esta forma de proceder por la que las compañías elevan el salario base y recortan, en la misma medida los complementos que ya tenía reconocidos el trabajador, puesto que los trabajadores que se sitúan ligeramente por encima del SMI no experimentan una subida salarial de la que entienden que también tendrían que beneficiarse.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, explica a elEconomista.es que el objetivo es evitar el "aplanamiento de los convenios colectivos", dado que han observado que en muchos convenios cada vez hay menos distancia entre categorías profesionales como consecuencia de esta práctica. "El salario del ayudante de cocina queda casi igualado al del responsable, lo que no favorece a nadie" ejemplifica. Y en segundo lugar, tienen la meta de revisar cuáles son los criterios que pueden entenderse como parte del salario y cuáles no, para aportar más seguridad jurídica. "El objetivo es doble, recuperar estas diferencias salariales y ordenar los complementos" resume. El portavoz del sindicato pone el foco en los complementos que perciben los trabajadores de Ceuta y Melilla o los que tienen que ver con la insularidad, que desde UGT defienden que deberían quedar fuera de este esquema.
No es la primera vez que trasladan esta demanda al Gobierno, de hecho, en anteriores mesas de negociación del SMI el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya se había abierto a revisar la redacción del Real Decreto que recoge el salario mínimo y abordar esta cuestión (entre otras). Si bien, es la primera vez que se refleja por escrito en el acuerdo del incremento, por lo que los representantes de los trabajadores confían en poder materializar estos cambios con la percha de la directiva pendiente. También confían en poder llegar a un consenso con las organizaciones empresariales que hasta el momento han evitado pronunciarse sobre esta materia. No obstante, esto parece difícil puesto que el propio Estatuto de los Trabajadores reserva al marco de la negociación colectiva o al contrato individual la definición de la estructura de los salarios y no al Gobierno. Sin embargo, el Gobierno podría consensuar algunos de estos cambios solo con los sindicatos e introducirlos después en la adaptación de la norma aprobada en Bruselas. De hecho, los representantes de los trabajadores y el equipo de Díaz ya incluyeron una disposición en el borrado de la reducción de jornada con la que buscaban impedir que esta situación se repitiese al implementar las 37,5 horas semanales (que conllevan una subida salarial implícita, al elevar el precio hora).
"La reducción de jornada establecida en la presente ley no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones ni la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos más favorables o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras" añadieron al final del acuerdo. En cualquier caso, parece que formaría parte de un paquete más amplio, puesto que solo uno de los puntos recogidos es el pacto del SMI. El texto recogía la "modernización y actualización del Real Decreto del SMI". La nueva redacción introducirá una disposición por la que con cada subida, se actualizarán de forma automática todos los salarios que se vean afectados dentro de los convenios colectivos y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La referencia del SMI ya es la cantidad mínima que las empresas tienen que pagar por un trabaJador a tiempo completo, pero aseguran que hay mesas de negociación en las que se incumple y se retrasa la actualización de las tablas salariales, lo que genera problemas en ámbitos como el campo.
