La polémica clasificación de inversiones sostenibles sigue generando polémica en Bruselas. La Comisión Europea se enfrenta ya a su primera denuncia por haber etiquetado el gas y la nuclear como inversiones sostenibles en la llamada taxonomía. Greenpeace y varias organizaciones ecologistas han dado el primer paso para denunciar al ejecutivo comunitario por esta controvertida clasificación, que consideran 'greenwashing'.
La Comisión Europea quiere evitar que se repitan episodios como la falta de mascarillas o material protector sanitario en los inicios de la pandemia del coronavirus. El ejecutivo comunitario ha presentado este lunes una propuesta para crear el llamado "Instrumento de Emergencia del Mercado Único", con normas específicas para garantizar el suministro de productos sanitarios, pero también semiconductores o aquellos clave para la seguridad alimentaria en casos de crisis. En último término, Bruselas podría intervenir el mercado y solicitar a industrias que prioricen ciertos pedidos. Además, aquellas que no colaboren podrían ser castigadas con sanciones.
Hungría está cada vez más cerca de ser el primer país de la Unión Europea que se queda sin parte de los fondos europeos que le corresponden por incumplir los estándares democráticos y del Estado de Derecho. Este domingo, el ejecutivo comunitario ha dado un paso más y ha propuesto retirar hasta un tercio de los fondos de cohesión previstos para el país que lidera Viktor Orbán. Son unos 7.500 millones de euros, según ha explicado el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn. Ahora son el resto de Gobiernos europeos los que deben decidir si debe llegarse a este extremo en los próximos tres meses.
El paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea llega cuando muchos países de la zona euro ya han tomado medidas similares. En el caso de España, fuentes europeas ven compatible el tope al precio del gas que fija la excepción ibérica y el decreto de minoración sobre las renovables, con el límite a los beneficios de las energías inframarginales que propone el ejecutivo comunitario. En cambio, deberá estudiar la propuesta de impuesto sobre los ingresos de las petroleras en España, pues Bruselas propone gravar los beneficios y España los ingresos.
La Comisión Europea quiere prohibir los productos que producidos con algún tipo de trabajo forzoso. El ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles la propuesta legislativa para que la UE no pueda importar estos productos. Por el momento se trata de una propuesta, que gobiernos y parlamento deben negociar y aprobar.
"En nuestra economía de mercado los beneficios son buenos. Pero en tiempos de guerra no es correcto recibir beneficios extraordinarios a niveles récord a espaldas de los consumidores", ha sentenciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su discurso sobre le estado de la Unión. Por eso, Bruselas propone limitar estas ganancias extraordinarias, para recaudar más de 140.000 millones de euros en toda la Unión Europea.
La Comisión Europea sigue convencida que es necesario fijar objetivos obligatorios de reducción de consumo eléctrico dada la situación actual. Según el borrador de la propuesta del ejecutivo comunitario que se discutirá y aprobará mañana, Bruselas propondrá a los Veintisiete fijar un objetivo obligatorio de recorte de la demanda durante las horas punta.
"La volatilidad del mercado de futuros de la energía merece discutir la posibilidad de una intervención de la Comisión Europea". Así lo ha admitido el comisario de Economía, Paolo Gentiloni este viernes. Está previsto que el ejecutivo comunitario presente la semana que viene una propuesta en esta línea para evitar que caiga el mercado de futuros de la electricidad.
"Para nosotros sería muy insensato aplicar un tope genérico al precio del gas", afirma con contundencia una fuente diplomática europea. Es solo una muestra de la disparidad de opiniones con la que los ministros de Energía reciben este viernes el paquete de propuestas de emergencia que la Comisión Europea presentó esta semana, con el tope al gas como la medida estrella y también la más polémica.
Putin está "manipulando" el mercado energético de Europa y la Comisión Europea se ha visto forzada a presentar un plan de choque para responder. La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, ha anunciado las cinco medidas que ahora los gobiernos europeos deberán discutir y ratificar: un tope al precio del gas ruso, impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas; también impuesto sobre las ganancias de petroleras y gasistas; objetivos objetivos de reducción del consumo de energía y facilitar la liquidez a las empresas de servicios energéticos.