Bruselas
La polémica clasificación de inversiones sostenibles sigue generando polémica en Bruselas. La Comisión Europea se enfrenta ya a su primera denuncia por haber etiquetado el gas y la nuclear como inversiones sostenibles en la llamada taxonomía. Greenpeace y varias organizaciones ecologistas han dado el primer paso para denunciar al ejecutivo comunitario por esta controvertida clasificación, que consideran 'greenwashing'.
Hace una semana algunas de las principales organizaciones abandonaron la mesa de expertos de la taxonomía creada para asesorar a la Comisión Europea, en medio de acusaciones por falta de independencia del ejecutivo bruselense. "Los gobiernos europeos y los lobbies han dañado duramente la credibilidad de la taxonomía, y la Comisión se ha doblegado ante ellos", declaró el economista de WWF, Sebastien Godinot.
Después de este movimiento, las organizaciones ecologistas han decidido emprender la vía legal. Han pedido a la Comisión que retire el acto delegado con el que clasificó como energías de transición sostenible el gas y la nuclear. Ahora, Bruselas tiene 22 semanas para contestar y si no responde favorablemente a las demandas de estas organizaciones ecologistas, éstos podrán dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la expectativa que este tumbe el acto delegado.
La taxonomía fue polémica desde el principio. Gobiernos como el luxemburgués y el austríaco también dejaron claro que llevarían la medida al TJUE y en el Parlamento Europeo, un voto ajustado y muy polémico dio luz verde a la Comisión para implementar el acto delegado. La división se vio incluso entre los miembros de la misma Comisión Europea. El mismo vicepresidente y Alto Representante de la UE, Josep Borrell, votó en contra.
Las voces contrarias, incluidas las organizaciones que buscan llevar a la Comisión ante los tribunales consideran que en lugar de conducir las inversiones hacia actividades sostenibles, la clasificación del gas y la nuclear dentro de este grupo envía la señal equivocada a los inversores y resta credibilidad científica a la clasificación, considerada piedra angular de la política de descarbonización de la Unión Europea.
Ante esta polémica, la Comisión asegura que responderá a las observaciones en su debido momento y argumenta que siempre ha tenido en cuenta la opinión de los expertos.
