Bruselas
Hungría está cada vez más cerca de ser el primer país de la Unión Europea que se queda sin parte de los fondos europeos que le corresponden por incumplir los estándares democráticos y del Estado de Derecho. Este domingo, el ejecutivo comunitario ha dado un paso más y ha propuesto retirar hasta un tercio de los fondos de cohesión previstos para el país que lidera Viktor Orbán. Son unos 7.500 millones de euros, según ha explicado el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn. Ahora son el resto de Gobiernos europeos los que deben decidir si debe llegarse a este extremo en los próximos tres meses.
Bruselas lleva años en un enfrentamiento continuo con Budapest. Algunos casos han acabado en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e, incluso, se llegó a la activación del famoso artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que implica en último término la suspensión del derecho a voto de un socio, aunque nunca se ha llegado tan lejos.
Mecanismo de condicionalidad
Pero ahora la Comisión da un paso más en un proceso que empezó en abril gracias al llamado "mecanismo de condicionalidad", una herramienta nacida con los fondos de recuperación y que vinculan directamente la concesión de fondos europeos al cumplimiento del estado de derecho.
En realidad, se trata de un mecanismo presupuestario que puede activarse cuando hay riesgo de mala gestión de los recursos europeos, como es el caso de Hungría. El Gobierno de Viktor Orbán se alineó con el de Mateusz Morawiecki en Polonia para impedir la aprobación de esta herramienta, pero finalmente no fue posible, pues incluso el TJUE la avaló.
Sea como sea, desde Bruselas la Comisión Europea recomienda ahora a los gobiernos que tomen la decisión de retirar fondos de cohesión a Hungría, aunque abre la puerta a un compromiso después de que Budapest haya hecho varías promesas estas últimas semanas para evitarlo. Según Hahn, Hungría ha hecho avances significativos este verano, aunque solo promesas por ahora, así que Bruselas cree que los gobiernos deberían darle tres meses de tiempo antes de suspenderle definitivamente los fondos.
Este proceso se activó por preocupaciones principalmente relacionadas con los procesos de licitación pública, con un alto porcentaje de procesos donde solo hay un solo candidato. Pero también, conflictos de interés o sospechas de corrupción.
Hungría ha prometido crear una Fiscalía Anticorrupción, pero en las últimas semanas ha prometido reducir el número de licitaciones públicas en las que un solo postor participa o permitir que la Justicia continúe investigando casos, incluso si la Fiscalía decide lo contrario. Y aunque Bruselas admite satisfacción por estos últimos avances y promesas, los problemas siguen siendo estructurales.
Fondos congelados
Caber recordar también que Hungría no ha dejado de poner palos en las ruedas cuando la UE ha adoptado varios paquetes de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, hasta el punto de quedarse fuera del embargo al petróleo. Orbán es uno de los únicos aliados de Putin en Europa y esto ha tensado todavía más la relación de Budapest con Bruselas y con el resto de socios comunitarios.
También por eso Hungría todavía no ha visto ni tan solo aprobado su plan de recuperación vinculado a los Fondos Next Generation. La Comisión Europea lo mantiene bloqueado por sus vulneraciones del estado de Derecho y las preocupaciones en torno a la corrupción en el país. Una situación que está vinculada con el hecho que el conjunto de la Unión no haya podido todavía cumplir con el compromiso de aprobar un impuesto mínimo de Sociedades del 15%. Hungría mantiene su veto en una decisión que requiere unanimidad a la espera de conseguir lo mismo que consiguió Polonia, que vio aprobado su plan de recuperación después de levantar el veto en esta cuestión. Budapest después tomó el relevo.
En todo este contexto debe entenderse la decisión de la Comisión Europea que, además, se ha visto presionada por el Parlamento Europeo, después de aprobar una resolución que declara Hungría como una "autocracia electoral".
En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión no hizo ninguna referencia directa a esta cuestión desde el punto de vista de los valores democráticos, pero sí que dejó claro que era el momento de actuar contra la corrupción dentro de la Unión Europea.
