El pasado otoño, 136 países acordaron aplicar un impuesto mínimo de sociedades del 15% para las grandes multinacionales. Pero ocho meses después la Unión Europea no ha sido capaz de aprobar su aplicación para que entre en vigor en territorio comunitario a partir de 2023, como fijaba el compromiso. Hasta ahora había sido Polonia quien impedía el acuerdo, pero la aprobación de su plan de recuperación ha servido para sumarla al carro. Sin embargo, este viernes ha sido Hungría quien ha torpedeado el acuerdo.

El mensaje está claro: es necesario sanear las cuentas públicas de los países más endeudados. El miedo a otra crisis de la deuda crece a pesar del movimiento del Banco Central Europeo (BCE) para frenar el incremento del coste de financiación de los países más endeudados. Por eso, en la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro este jueves, el mensaje se ha repetido varias veces. Por un lado, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reconocido que en un momento de "aguas turbulentas" es necesaria una "política fiscal prudente especialmente en los países con mucha deuda". Por el otro, los halcones del norte han endurecido el tono: "Poned vuestras cuentas en orden", ha sentenciado el titular de Finanzas austríaco, Magnus Brunner.

La unión bancaria no se da por muerta en Bruselas pero es imposible no admitir que, como mínimo, está durmiendo una larga "siesta". Son de hecho palabras de un alto funcionario comunitario constatando que esta legislatura tampoco será la buena para sacar adelante el plan para crear el fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS). Fuentes diplomáticas constatan que no se ha avanzado nada en los últimos meses así que está previsto que este jueves los ministros de Finanzas de la Eurozona reunidos en Luxemburgo ratifiquen el fracaso.

"No hace falta ser abogado para saber que saltarse unilateralmente un acuerdo está mal", esgrimía con visible hastío una fuente comunitaria en referencia a la ley presentada por el gobierno británico para romper parte del acuerdo del Brexit. La Comisión Europea ha hecho efectiva este miércoles la amenaza y activa una ofensiva judicial contra el Reino Unido después que el gobierno de Boris Johnson presentara el proyecto de ley con el que prevé saltarse parte del acuerdo del Brexit. "Es ilegal", ha reblado el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, que ha anunciado hasta tres acciones legales contra Londres.

El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para tumbar la propuesta de la Comisión Europea que quiere clasificar las inversiones en gas y nuclear como de transición sostenible, en la polémica taxonomía. El comité de medio ambiente y el de economía de la Eurocámara ha votado a favor de rechazar la propuesta de Bruselas, por un total de 76 votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones. Para que el veto a la iniciativa sea definitivo, los eurodiputados deben ratificar el rechazo en el pleno de julio, pero la votación supone un primer aviso político importante.