Bruselas
Después de un primer intento fallido, los europarlamentarios han fijado este miércoles la posición de la Eurocámara ante la reforma del mercado europeo de emisiones de carbono y de la creación de un mecanismo de ajuste en frontera que penalice las importaciones más intensivas en CO2. Este paso parlamentario es indispensable para que tales reformas, pilares del plan climático europeo, se conviertan en realidad una vez se negocie con los Veintisiete.
El mercado de emisiones o ETS por sus siglas en inglés es el sistema que obliga a los sectores intensivos más contaminantes (fábricas o centrales térmicas) a comprar certificados que compensan la emisión de CO2 en toneladas. Este mercado pone precio al dióxido de carbono que emiten unas 11.000 plantas industriales de consumo energético intensivo y funciona desde 2005.
El voto favorable de este miércoles ha sido posible después de un acuerdo entre los tres grandes grupos, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales al cual se han sumado también los Verdes. En la primera votación, los socialistas lo rechazaron porque se habían introducido enmiendas rebajando la ambición de la reforma, relacionadas con los permisos que eximen ciertas industrias como el acero o el cemento de pagar por el CO2 emitido para que así puedan invertir el dinero equivalente en tecnologías limpias.
La posición acordada este miércoles implica una reducción progresiva de estas asignaciones gratuitas hasta su totalidad en 2032, dos años antes de lo previsto en el texto rechazado hace dos semanas.
La Comisión Europea considera el ETS fundamental para llegar a la neutralidad climática prometida para 2050 y apuesta por incluir el transporte de carretera y los edificios en el sistema, además de hacerlo más exigente. Con el voto de los eurodiputados queda fijada la posición negociadora de la cámara ante esta propuesta y ahora deberá negociarse con los veintisiete gobiernos para que pueda implementarse. La Eurocámara también apuesta por incluir la aviación en el sistema.
Vinculada a la reforma del ETS está la creación del llamado mecanismo de ajuste en frontera (CBAM por sus siglas en inglés), un arancel para los productos que se importen dentro de la Unión Europea y sean intensivos en carbono. Son justamente los productos de las industrias que verán desaparecer sus asignaciones gratuitas en 2032, como cemento, aluminio, fertilizantes o acero. De esta manera, se busca no sólo desincentivar la producción de CO2 para vender a la UE sino también que los productores europeos no se vean perjudicados competitivamente por unos estándares ambientales más estrictos. Sin embargo, los eurodiputados piden más ambición y que se incluyan también químicos orgánicos, hidrógeno y plásticos por ejemplo.
Además, el Parlamento Europeo también ha poyado la creación de un Fondo Social para el Clima, para ayudar a los sectores más perjudicados por la transición energética, por ejemplo con apoyos para el uso del transporte público a causa del encarecimiento de los combustibles fósiles. La propuesta de la Comisión sitúa en 72.000 millones de euros los recursos financieros con los que contaría este fondo entre 2025 y 2032.
