Mucho revuelo se organizó este jueves a costa de la limitación de las empresas de superar un 15% de empleo temporal en su plantilla. Mucho revuelo y demasiado ruido como apuntó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Desde Trabajo matizaron que, como señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa del paro del miércoles -antes de la reunión de la mesa de negociación-, se trata de una propuesta abierta a la negociación.

El Ministerio de Trabajo descarta que se vaya a modificar el actual documento sobre el que se ha basado hasta ahora la negociación de la reforma laboral una vez cerrada la brecha dentro del Gobierno entre el ala socialista y el de Unidas Podemos, según confirman a eE fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. No obstante, estas fuentes reconocen que hay diferencias entre unos ministros y otros sobre el contenido de la reforma puesta en la mesa. El miércoles se produjo la primera reunión con la incorporación de una directora general del Ministerio de Asuntos Económicos y otra del de Seguridad Social que acompañarán al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en los encuentros con los representantes de empresarios y sindicatos.

La reunión mantenida este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intermediar entre las dos vicepresidentas enfrentadas por la reforma laboral, la primera y socialista, Nadia Calviño, y la segunda y podemita, Yolanda Díaz, se saldó con un escueto y "críptico" comunicado emitido por Moncloa. En cinco párrafos el Gobierno se compromete a "la derogación de la reforma laboral de 2012 [del PP] en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)".

Los fondos comunitarios han tardado en arrancar, según se reconoce en el Gobierno, aunque, una vez en marcha, han cogido velocidad de crucero. De los 26.630 millones de los fondos ligados al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), a fecha 25 de octubre el 62,8% de los gastos (16.723,6 millones) estaban autorizados; el 51,6% (13.741 millones de euros) estaba ya comprometida la ejecución y el 33% (8.789 millones de euros) tenía un destinatario con una obligación reconocida, según los datos del Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso eE.