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El Ministerio de Trabajo ha sometido a los agentes sociales sentados en la mesa de negociación de la reforma laboral una orden ministerial que regula la concesión de las subvenciones públicas del "programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas". Dicho programa estará dotado el próximo año con 160 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que se repartirán por toda la Administración Pública para contratar jóvenes en prácticas entre 16 y 29 años.

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Los trabajadores que cobran actualmente en España el salario mínimo interprofesional (SMI) sufrirán una pérdida de 1,8 puntos porcentuales de poder adquisitivo, según los cálculos del Servicio de Estudios de UGT a los que ha tenido acceso eE.

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El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, aseguró que la reforma laboral está "encarrillada" y que se aprobará antes de que termine el año, previsiblemente con acuerdo. Una apreciación relevante después de que el miércoles mantuviese la primera reunión con los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social, Israel Arroyo, que configuran la troika del Gobierno encargada de coordinar la negociación con los agentes sociales. García Andrés señaló durante el análisis del IPC adelantado de octubre y de la EPA del tercer trimestre que es "el momento de acometer" la reforma laboral que se ha estado "tanto tiempo esperando".

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Los dos socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, escenificaron este miércoles la pacificación interna en la guerra abierta en el seno del Gobierno con motivo de la reforma laboral. El presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegaron al acuerdo de que la ministra podemita seguirá al frente de la negociación con los agentes sociales a cambio de que los contenidos se pacten previamente en una reunión semanal con los secretarios de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el de Seguridad Social, Israel Arroyo.

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La magnitud de lo que está en juego con la reforma laboral hace que los empresarios se muestren actualmente más preocupados por el resultado de la "modernización del mercado laboral" que por el uso que se pueda dar a los fondos Next-Generation de Bruselas, según señalan fuentes de la patronal a eE. Hoy se reúne la mesa de negociación en la primera reunión desde que estallase el conflicto entre el ala socialista y el podemita por el control de las negociaciones con los agentes sociales. Fuentes de los negociadores señalaron ayer que no se han producido cambios entre los negociadores del Gobierno, dirigidos por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

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La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, está especialmente preocupada por la merma de la flexibilidad de las empresas que implica la reforma laboral que ha presentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según señalan fuentes de los negociadores. Una reducción de la flexibilidad que se personifica en los cambios en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo) y que se ha convertido en una línea roja para los representantes de los empresarios en la mesa de negociación. Fuentes de los empresarios consideran "intocable" este artículo.

Los cambios en los contratos formativos en la modalidad "de obtención de práctica" que ha presentado el Ministerio de Trabajo incluyen una reducción del salario para estos trabajadores frente al propuesto en el anterior borrador, de mediados de julio. Así, el nuevo texto de negociación establece como retribución "la fijada en el convenio colectivo aplicable a la empresa para estos contratos o, en su defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas". Inferior a la versión anterior que exigía el mismo salario que el "fijado en el convenio colectivo para el grupo profesional y nivel salarial correspondiente a las funciones desempeñadas". Los sindicatos han apoyado esta rebaja. El Gobierno ya redujo anteriormente el salario previsto para los trabajadores en la modalidad de formación dual.

La ministra de Derechos Sociales y máxima dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, solicitó esta mañana una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición con el PSOE ante los "intentos de injerencia" de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en las competencias de su homóloga y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a los trabajos para la derogación de la reforma laboral. Calviño señaló el jueves durante la inauguración del XII Congreso confederal de CCOO que se debía aprobar un "paquete moderado" en referencia a la reforma laboral. Igualmente, apuntó que solo se "habían producido contactos preliminares" con los agentes sociales -aunque llevan reunidos en la mesa desde el mes de marzo- y solicitó un acuerdo amplio en el que estuviese la CEOE.

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La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lo dijo hasta tres veces: el Gobierno debe aprobar un "paquete equilibrado" de medidas laborales. Un matiz que cobra especial relevancia por el foro elegido: la inauguración del XII Congreso Confederal del sindicato CCOO en presencia no solo de 800 sindicalistas, también del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Aunque también del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, presentes ambos en la apertura del congreso del sindicato que dirige Unai Sordo que, con toda probabilidad, repetirá cuatro años más al frente de la central sindical. De ministros, estaban presentes la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Quien no estaba era la vicepresidenta segunda y responsable de la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales, Yolanda Díaz, que asistirá a la clausura del Congreso el próximo sábado cuando se vote la nueva Comisión Ejecutiva de CCOO.

Entrevista al secretario de Estado de Economía

El secretario de Estado de Economía recibe a eE al día siguiente de que el Gobierno presentase los presupuestos de 2022 en el Congreso. Gonzalo García Andrés defiende las previsiones del Ministerio de Economía, niega que sean optimistas y las califica de conservadoras. Reconoce que el avance del PIB del segundo trimestre del INE, al 2,8%, les sorprendió, pues tenían una previsión muy inferior. De los fondos de la UE, dice que se gastará el cien por cien y que se está alcanzando la velocidad de crucero en las convocatorias. Considera que a pesar de los niveles alcanzados de deuda las agencias elevarán el rating.