Madrid
La reunión mantenida este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intermediar entre las dos vicepresidentas enfrentadas por la reforma laboral, la primera y socialista, Nadia Calviño, y la segunda y podemita, Yolanda Díaz, se saldó con un escueto y "críptico" comunicado emitido por Moncloa. En cinco párrafos el Gobierno se compromete a "la derogación de la reforma laboral de 2012 [del PP] en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)".
Los agentes sociales expresaron prudencia hasta ver cómo se desarrolla hoy la reunión de la mesa de negociación y conocer así si se mantiene la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo sobre la que se viene negociando desde hace varios meses con sindicatos y empresarios. En cualquier caso, Moncloa deja muy claro que el Gobierno "busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes [sindicatos y empresarios] justo y equilibrado".
No obstante, el documento hace varias interpretaciones de la profundidad de la denominada "derogación de la reforma laboral". En el primer párrafo habla de aprobar "una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012". Nada, pues, de derogar. En el tercer párrafo sí se refiere a la derogación de la reforma de 2012, pero la limita a los acuerdos del programa de coalición progresista que abrió las puertas al gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
El punto 1.3 de dicho acuerdo de coalición concreta la reforma laboral en la derogación del artículo 52.d del ET, ya suprimido; la vuelta a la ultraactividad de los convenios y la derogación de la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Los tres supuestos suponen revertir reformas populares de 2012.
Más allá de la "contrarreforma", el acuerdo de coalición establece la modificación de las subcontratas (artículo 42.1 del ET); la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
La segunda referencia a los límites de la reforma laboral que el gobierno de coalición someterá al diálogo con los agentes sociales son los pactos cerrados con la Comisión Europea a través del Componente 23 del Plan de Recuperación al que Bruselas ha dado el visto bueno.
El documento remitido por La Moncloa hace tres referencias a este límite. En el párrafo segundo se apunta que las negociaciones con los agentes sociales se harán "cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Comisión Europea". En el tercer párrafo establece que "el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 [...] según el plan de Recuperación enviado a la CE". El cuarto párrafo introduce quizá el matiz más interesante al determinar que el Gobierno busca desarrollar la reforma laboral a través de un acuerdo firmado con empresarios y sindicatos. "Esta voluntad [de acuerdo tripartito] es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación".
Las negociaciones se ajustarán a los compromisos adquiridos en el 'Componente 23'
Salvo estas referencias genéricas, poco detalle dio Moncloa respecto a los temas concretos a negociar con los agentes sociales. "La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación".
Unai Sordo (CCOO) interpretó que el Gobierno da por buena la propuesta de Yolanda Díaz
Unai Sordo, secretario general de CCOO declaró que, a expensas de ver que pasa hoy en la reunión, parece que el Gobierno asume los papeles de Trabajo.
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