Cuando el viernes, 22 de octubre, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, solicitaba en un tuit la reunión urgente de la comisión de seguimiento de la coalición de Gobierno llovía sobre mojado. El diálogo de sordos entre las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, hacía tiempo que había saltado por los aires. Díaz llevaba meses ninguneando a Calviño. Los papeles que presentaba para negociar con la patronal y los sindicatos no pasaban por la mesa de la vicepresidenta primera ni tampoco por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que preside.
La hostilidad entre las dos se había puesto ya de manifiesto en las negociaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Calviño se opuso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir a apagar el fuego, como en esta ocasión. Cedió ante Díaz, que se salió con la suya. El SMI subió en 15 euros en contra del criterio de los empresarios, que advirtieron que se trasladaría a la plantilla.
La ministra de Trabajo utiliza la estrategia que su antecesor, Pablo Iglesias, tensa la cuerda hasta que Sánchez afloja, para evitar que se rompa. El presidente del Gobierno no puede permitirse unas elecciones anticipadas en este momento. Las encuestas son adversas. Por primera vez en muchos meses, apuntan a una mayoría conservadora entre PP y Vox en el Gobierno.
Con los Next Generation en camino, (72.000 millones a fondo perdido, que han permitido 'inundar' los Presupuestos con dinero público para pensionistas, jóvenes y funcionarios) se necesita tiempo para obtener rédito a estos desembolsos. El Gobierno sabe que tiene un reto, el reparto de los fondos, pero está dispuesto a jugársela.
El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores es una de las líneas rojas de los empresarios
Calviño estalló después de conocer por terceros el documento enviado el 14 de octubre por la vicepresidenta segunda a los agentes sociales. En ese documento se planteaba que las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, recogidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya no serían negociadas dentro de la empresas sino por representantes sindicales en empresas que no los tengan.
La patronal teme una modificación del citado artículo 41 para que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa, lo que supondría cambiar drásticamente las reglas de juego y anular la cláusula de escape que usan en la actualidad las sociedades. Díaz intenta así saltarse la primera línea roja trazada por la patronal, que discretamente el mensaje a la vicepresidenta primera.
Era la segunda vez que Díaz iba a su libre albedrío en ese mes. Unas semanas antes, se había sacado de la manga otra iniciativa, recogida en otro documento con fecha 11 de octubre, que cayó como una bomba entre los empresarios: limitar al 15 por ciento las plantillas de trabajadores temporales, en un país en el que los servicios ligados al turismo representan más del 20 por ciento del PIB, amén de otros ámbitos como el de la construcción o el sector agroalimentario, muy afectado también por la temporalidad.
¡Hasta aquí hemos llegado!, debió de pensar Calviño. La vicepresidenta se plantó y en un arrebato de genio envió un mail a Díaz, en el que venía a decirle que quien se había creído que era ella para tomar decisiones al margen del resto del Gobierno, según fuentes cercanas.
El texto no ha trascendido a los medios de comunicación, aunque en Podemos se asegura que su sola lectura es motivo para romper la coalición de Gobierno. La primera reacción del presidente, a diferencia de otras ocasiones, fue cerrar filas con su vicepresidenta primera y dar la espalda a Díaz, con la que ni siquiera habló.
Las declaraciones de Sánchez encendieron más los ánimos en Podemos. Explican que Díaz renunció a mantenerse en el escalafón de las vicepresidencias por delante de Calviño a cambio de asegurarse la cartera de Trabajo y, por tanto, la negociación laboral es una competencia suya exclusivamente.
La UE advirtió que cualquier reforma debe contra con el visto bueno de la patronal española
¿Por qué Sánchez apoyó en un primer momento a Calviño en vez a Díaz? Los presidentes del Gobierno y de la CEOE, Antonio Garamendi, hablan con frecuencia. En estas comunicaciones, Garamendi le había trasmitido las líneas rojas de los empresarios sobre la citada cláusula de descuelgue, así como en el tema de la temporalidad.
Sánchez conocía por Garamendi y por Calviño que el 6 de octubre, apenas una semana antes del polémico documento que provocó el estallido de la guerra vicepresidencial, se celebró una reunión con los mal llamados 'hombres de negro' de la Comisión Europea para supervisar la marcha de los negociaciones, en la que se dejó muy claro que cualquier acuerdo debía contar con el visto bueno de los empresarios. Un llamamiento indirecto a mantener la flexibilidad de las empresas para mantener las condiciones pactadas en los convenios individuales, a la par que la temporalidad.
Después de las reuniones celebradas con los representantes de Podemos por el gran componedor oficial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente salió con una fórmula mixta, en la que se reconoce el liderazgo de la negociación a Díaz, pero se le obliga a consultar los contenidos de sus ofertas con Calviño. Una manera de contentar a las dos.
La vicepresidenta segunda se quejó enseguida de que lo importante eran los contenidos, que quedaban en manos de su rival, lo que obligó a Sánchez a actuar como árbitro entre ambas en las reuniones para preparar los documentos que se presenten a la mesa de negociación.
La mayoría de los ministros están desconcertados. Creen que Yolanda Díaz ha llegado demasiado lejos en su pulso con Sánchez, aupada por los sondeos, que la colocan como la ministra más popular del Gobierno, y por los medios de comunicación, que la jalean como la lideresa de la izquierda o incluso como la futura presidenta, después de la aclamación que recibió en el reciente congreso de CCOO, donde aseguró alto y claro: "derogaremos la reforma laboral, a pesar de las resistencias". Todo un órdago a la grande. La cuestión es qué pasa si no retrocede en sus planteamientos.
Garamendi se desmarca en público de la pelea para no verse salpicado, pero en privado, presionado por las asociaciones patronales sectoriales y de ámbito territorial como la de Cataluña, ha trasladado a Sánchez las líneas rojas, que no está dispuesto a cruzar. La eliminación de los descuelgues de los convenios sectoriales y la temporalidad.
En la crisis de 2008, la obligatoriedad de respetar los convenios colectivos condujo a muchas empresas a la ruina, obligadas a trasladar subidas salariales del 4 ó el 5 por ciento, cuando sus ventas se despeñaban. En septiembre, los precios al consumo saltaron la barrera del 5 por ciento, mientras que la subida media en los convenios permanece en el 1,4 por ciento.
Si en plena vorágine alcista de los precios energéticos y las carencias de materias primas, las empresas tienen que asumir incrementos salariales superiores al 5 por ciento, las probabilidades de que la recuperación quede abortada y el desempleo vuelva a las andadas son seguras, advierte en medios empresariales.
Sánchez está preso entre la espada levantada por su vicepresidenta segunda y la pared de la patronal. Su margen de maniobra es, en realidad, casi nulo porque si Díaz persevera en sus propuestas, tendrá que elegir entre romper la coalición o enfrentarse a Bruselas y a la patronal, poniendo en riesgo los fondos europeos y, por ende, la recuperación de la economía.
Tiene, además, otra espada de Damocles. La UE exige alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral antes de fin de año para desembolsar el segundo paquete de los Next Generation, con lo que las maniobras dilatorias utilizadas en otras ocasiones tampoco sirven ahora. Es decir que Garamendi tendrá, una vez más, la última palabra ante la atenta vigilancia del resto de organizaciones empresariales bajo su paraguas, que considerarían 'casus belli' que no se respetara su mandato. "Para nosotros es más importante la reforma laboral, que los fondos Next Generation", reiteran en la patronal.
Las espadas están en alto. Yolanda Díaz tiene en su mano el futuro de la coalición de Gobierno y la del país entero. Casi todo el mundo coincide es que es improbable que rompa el Gobierno hasta que no tenga conformada una alternativa de izquierda para plantar cara a las urnas a Sánchez. Pero todos tienen claro que ese momento llegará antes de que la Unión Europea exija apretarse el cinturón en 2023.
Las grietas en la coalición son cada vez mayores. La cumbre hispano lusa celebrada estos días en Trujillo con el aún primer ministro portugués, Antonio Costas, al que pondera como gobernantes de izquierda, es premonitoria sobre lo que le espera.
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