El enfrentamiento entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a raíz de los futuros cambios en la reforma laboral de 2012, ya aflora un preocupante comportamiento en la también ministra de Trabajo.
Resulta inaudito que Díaz pretenda actuar con plena autonomía en un tema de tanto calado, hasta el extremo de hacer oídos sordos a la UE, tras una reunión el pasado día 6. En ella los representantes de Bruselas incidieron en que debe preservarse la flexibilidad, sobre todo en materia salarial, que la reforma implantó. La titular de Trabajo desatendió esos avisos como evidencia el nuevo borrador de propuestas que elaboró este mes. Es más, es un documento en el que se privó de participación a Calviño lo que motivó la lógica protesta de la vicepresidenta primera. Este proceder de Díaz sería reprochable en toda circunstancia, pero aún lo es más cuando concierne a unos cambios que no sólo ponen en jaque la creación de empleo sino la recuperación misma. Calviño y la UE comparten la preocupación ante la amenaza de que la alta inflación se traslade a los salarios. No están solos: el Banco de España expresa el mismo temor. Sin embargo ése es precisamente el objetivo buscado por Díaz en su afán de volver a primar los convenios sectoriales frente a los empresariales sin opción de descuelgue. Cientos de empresas se asfixian por los altos costes de la energía y las materias primas.
Si se permite que la alta inflación actual se traslade a los salarios, la recuperación está abocada a descarrilar
Por ello, el consenso de los analistas reduce en un 15% el avance del PIB previsto por el Gobierno ya este año, y el Banco de España aplicará una "rebaja sustancial" de sus propios cálculos en diciembre. En este contexto, si además se imponen a las empresas alzas salariales acordes a un IPC que supera el 3%, su situación será insostenible.
