Los servicios públicos de empleo ya no se limitarán a casar a las empresas que buscan trabajadores con parados que demandan colocación. El Anteproyecto de Ley de Empleo, al que ha tenido acceso eE, cambia el concepto de intermediación y establece como objetivo la búsqueda de los candidatos más idóneos para cada puesto de trabajo vacante, sin importar si están en paro o están ocupados.
El Gobierno sigue suavizando los límites a la temporalidad en busca de un acuerdo con la CEOE y Cepyme. El sábado por la noche remitió a los agentes sociales una nueva redacción para los artículos 15 (Duración del contrato de trabajo) y el 16 (Contrato fijo-discontinuo), a la que ha tenido acceso elEconomista, que da un mayor protagonismo a los convenios colectivos a la hora de establecer los límites a la temporalidad por sectores. De esta forma, reduce los límites generalizados a todo tipo de actividad que se establecían por ley en los borradores anteriores.
Las empresas estarán obligadas a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo (Estatal más autonómicos) cualquier vacante laboral que tengan disponible, aunque no implica que las posibles ofertas tengan que tramitarse necesariamente a través del Sepe, al igual que sucede en Alemania.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, avisó al Gobierno de que tendrá un "problema" para llegar a acuerdos con los sindicatos si intenta facilitar un acuerdo con CEOE devaluando los cambios en la reforma laboral de 2012. El líder sindical hizo esta advertencia a raíz del documento presentado conjuntamente por CEOE-Cepyme el pasado martes en la reunión de la mesa que negocia la reforma laboral. "Si el Gobierno tuviera la tentación de, para facilitar un acuerdo con la patronal, devaluar estos contenidos, con quien va a tener un problema para llegar a acuerdos va a ser con los sindicatos", dijo Sordo. UGT apuntó el martes por la noche que la postura está "muy alejada de los postulados de nuestra organización y entendemos que la misma, además de introducir elementos nuevos , no servirá ni para reducir la precariedad ni la temporalidad".
Las empresas que usen contratos temporales en fraude de ley se arriesgan a multas entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador con el que incurran en anomalías, según el nuevo documento de negociación de la reforma laboral que ha remitido el Gobierno a los agentes sociales. Así lo informó este viernes UGT al final de la reunión de la mesa de Modernización de Mercado Laboral. De llevarse a cabo, supondrá un incremento del 60% respecto a las infracciones actuales.
Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) están dispuestas a ir más allá de la pretensión del Gobierno de fomentar la contratación de trabajadores para ser cedidos a otras empresas mediante la fórmula de fijo-discontinuo. Fuentes del sector adelantan a eE que estarían dispuesto a que en vez de fijos-discontinuos las ETT aumentasen la contratación indefinida. Sin embargo, precisan regular ciertas cuestiones como los cambios de las condiciones sustanciales de trabajo, la formación, incluso el desempleo. En este sentido, han abierto una negociación para avanzar un acuerdo.
A pesar de que los indicadores de empleo apuntan a que ya se ha recuperado la ocupación pre pandemia, todavía las horas trabajadas por el conjunto de los empleados en España -incluyendo los de cuenta propia y de cuenta ajena- están por debajo de esas fechas. En el tercer trimestre de este año, la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE establece que se trabajaron 573.577 horas por semana, lo que supone un 2,53% por debajo del mismo periodo de 2019, antes de que se declarase el Covid-19. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, señaló el pasado martes este problema en la XI Edición de Premios de la Noche de la Economía, aunque matizó que es generalizado en la Unión Europea.
La vorágine política provoca que, en algunas ocasiones, los grandes temas se queden relegados. Es lo que está sucediendo con la falta de unidad de mercado derivada de la sobreproducción legislativa de las autonomías, según se puso de manifiesto ayer en una jornada organizada por la fundación valenciana Conexus realizada en Madrid. Entre los ponentes, el empresario Clemente González Soler, presidente del grupo Alibérico y vicepresidente de la patronal madrileña CEIM, apuntó la alta preocupación que existe entre el tejido empresarial español por esta falta de unidad de mercado y desveló que propondrá a la CEOE que lidere la campaña ante las administraciones para recuperar esta unidad.
La rápida recuperación del empleo está unida a una productividad negativa, lo que supone una anomalía en términos económicos, según un informe elaborado por el Servicio de Estudios de UGT. Este fenómeno también sucedió en 2018 y 2019; pero según el sindicato, ahora parece intensificarse. El PIB creció en el tercer trimestre un 2,7% y el empleo un 6,2%, determinando una abultada caída de la productividad del 3,3%.
El Gobierno ha comunicado a los sindicatos y los empresarios que si las medidas que se aprueben con la reforma laboral en ciernes no reducen de forma satisfactoria los índice de temporalidad, a partir del 1 de enero de 2025 se presentará al diálogo social una nueva reforma. En el nuevo borrador en negociación, el Gobierno ha sometido a los agentes sociales la aprobación de una nueva disposición adicional para incluir en el Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre el "compromiso de reducción de la tasa de temporalidad".