Economía

Las multas por contratos laborales en fraude de ley aumentarán un 60%

  • La medida se incluye en un nuevo borrador de reforma laboral
  • Los contratos de formación se limitan hasta 30 años
  • La infracción mínima subirá de 626 euros a 1.000
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP
Madrid

Las empresas que usen contratos temporales en fraude de ley se arriesgan a multas entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador con el que incurran en anomalías, según el nuevo documento de negociación de la reforma laboral que ha remitido el Gobierno a los agentes sociales. Así lo informó este viernes UGT al final de la reunión de la mesa de Modernización de Mercado Laboral. De llevarse a cabo, supondrá un incremento del 60% respecto a las infracciones actuales.

El nuevo borrador incluye una propuesta de modificación -a petición del sindicato que lidera Pepe Álvarez- de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos) por la que se "endurecen los incumplimientos en contratación laboral fraudulenta: cada trabajador será una infracción de multa entre los 1.000 euros en grado mínimo y 10.000, en grado máximo, por persona en fraude".

El artículo 7.2 de la Lisos tipifica como infracción grave en materia de relaciones laborales "la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley" que actualmente se sanciona con un mínimo de 626 euros y un máximo de 6.250.

De aprobarse la modificación propuesta por UGT y sometida al criterio del resto de agentes sociales por el Gobierno, la sanción se colocaría en el máximo estipulado en la actual Lisos que establece para las infracciones graves en materia de relaciones laborales un tope posible de 10.000 euros.

El borrador incluye cambios en los contratos de formación y una nueva redacción del futuro Erte -Mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo- cuya versión anterior generó rechazo en sindicatos y empresarios.

Sobre el RED, se activarán -según explicaciones de UGT-, por acuerdo del Consejo de Ministros, aunque previamente se informará a los agentes sociales. No servirán como justificación o aval para la adopción empresarial de medidas que afecten al empleo o las condiciones de trabajo, y habrán de procurar una reducción de jornada de los trabajadores afectados de manera prioritaria y, si no resulta viable, entonces ya se recurriría a la suspensión de empleo.

Como la propuesta anterior, las empresas que contraten trabajadores incluidos en este mecanismo, contaron con bonificaciones del 50% durante seis meses.

Como en la propuesta anterior del Gobierno, se establecen dos modalidades para los nuevos Ertes-RED, aunque con algún cambio en su denominación. Los expedientes "cíclicos", con una duración máxima de un año, a los que podrían acogerse las empresas cuando la coyuntura macroeconómica general aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización del empleo, y los "sectoriales", aplicables cuando un determinado sector aprecie cambios permanentes o estructurales que generen necesidades de recualificación en la plantilla. Estos últimos durarán un año como máximos, con dos prórrogas de seis meses y conllevarían la obligatoriedad por parte de la empresa de presentar, de forma preceptiva, un plan de recolocación, aunque no lo vayan a aplicar después.

Las empresas que contraten personas en Erte tendrán una bonificación del 50% en la cuota

El contrato de formación se podrá realizar con personas sin cualificación profesional, pero también con quien posea titulación tanto en formación profesional (FP) como universitaria, siempre que no se hubiese dado ningún contrato formativo previo del mismo nivel o del mismo sector productivo. Estos contratos se limitas a 30 años, con excepción de estudios universitarios, certificados de profesionalidad nivel 3 o cursos de especialización de formación profesional.

Otra novedad es que se podrán realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas en base al mismo ciclo siempre que dichos contratos respondan a varias actividades vinculadas al ciclo o al plan formativo, sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder del límite máximo.

CCOO y CEOE prevén pocos avances en la negociación

A pesar de que el acuerdo debería cerrarse en este mes de noviembre si el Gobierno quiere enviar la reforma laboral al Boletín Oficial del Estado (BOE), un posible pacto entre empresarios, sindicatos y Gobierno parece lejano. Al menos en opinión del sindicato CCOO.

La organización que dirige Unai Sordo comunicó este viernes al final de la reunión de la mesa que debate la modernización del mercado de trabajo que "no ve cerca el acuerdo y no comparte la última propuesta del gobierno en materia de contratación".

En referencia al artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores (ET) que regula en nuevo tipo de Erte-RED, CCOO considera que ha habido un avance, pero "las causas no están definidas y las situaciones a proteger no son las idóneas". Fuentes del sindicato apuntaron que "habrá que seguir negociando  con el objetivo de buscar un acuerdo, que hoy por hoy no se vislumbra".

Las asociaciones de empresarios sentadas en la mesa fueron más parcos en la valoración de la última reunión. Fuentes de CEOE declararon a este diario que "seguimos trabajando en la mesa", que se levantó "sin novedad y pocos avances" y desde Cepyme apuntaron que "el Gobierno nos ha presentado a los agentes sociales un nuevo texto con alguna variaciones entre otras cuestiones en el mecanismo RED".

El vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, representante de la organización sindical en la negociación de la reforma laboral, explicó que el texto remitido por el Gobierno y debatido este viernes en la mesa de diálogo, contempla otras importantes demandas sindicales, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, dos elementos que, en opinión de Hoya, justificarían "absolutamente" que UGT firmara un acuerdo con el Gobierno.

No obstante, el representante de UGT reconoció que la propuesta del Ejecutivo no implica una derogación total de la reforma laboral de 2012, pero sí contiene elementos importantes que harían que el acuerdo, si se produjera, fuera "trascendente e histórico".

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