Madrid
Las empresas estarán obligadas a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo (Estatal más autonómicos) cualquier vacante laboral que tengan disponible, aunque no implica que las posibles ofertas tengan que tramitarse necesariamente a través del Sepe, al igual que sucede en Alemania.
Así se establece en el anteproyecto de Ley de Empleo que ha sido aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio de Trabajo. La futura norma plantea que el Sepe se convierta, a los seis meses de que entre en vigor la nueva Ley de Empleo, en una Agencia Española para el empleo similar a la Agencia Tributaria. El objetivo del Gobierno con la nueva normativa, es equiparar la tasa de empleo (o de ocupación) con los países más avanzados de la Unión Europea, lo que supondrá elevarla quince puntos, de un 65% actual a un 80%, en tres décadas.
Estas mismas fuentes aclaran que no se trata de un nuevo trámite burocrático, sino una herramienta que permitirá conocer cuántos vacantes hay realmente sin cubrir en España, en qué sectores y con qué perfiles. De esta forma, se podrán afinar más las estrategias de empleo. En este sentido, fuentes oficiales del Ministerio hablan más de un derecho que un deber para las empresas.
No obstante, el anteproyecto, en primera vuelta, debe someterse al debate con los agentes sociales y las comunidades autónomas antes de remitirse al Congreso para ser discutido con los grupos parlamentarios. El Gobierno prevé que entre en vigor como pronto en 2023.
La futura Ley de Empleo establece un catálogo de once derechos entre los que se encuentra que cualquier desempleado recibirá al menos una oferta de trabajo "adecuada" y, de incumplir con un derecho establecido en una norma de rango de ley, tendrán que dar explicaciones por escrito. Un trato individualizado es la esencia de la futura política de empleo que quiere poner en marcha Trabajo.
Así, entre el decálogo de derechos está que a cada persona que acuda a los servicios públicos, ya sean desempleados o trabajadores que buscan recualificación o mejora de empleo, se le creará un perfil individualizado, con una tutorización personificada y un plan ad hoc, que supone la firma de un acuerdo entre el Sepe y el demandante.
A tal fin, fuentes de Trabajo explican que existe un compromiso con la Unión Europea para que España disponga, a principio de 2024, de 7.000 "tutores" para cubrir a un millón de desempleados. Porque no todas las personas inscritas en las oficinas de empleo autonómicas necesitan un tutor individualizado. De momento, la necesidad es para un millón de personas.
En principio, hay disponibles 3.000 orientadores en los servicios autonómicos financiados por el Sepe a los que se deben sumar muchos orientadores que prestan sus servicios desde el ámbito local o incluso en organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque, la futura ley exige una formación adecuada y que cuenten con una información fluida.
En el catálogo de derechos se incluyen formación eficiente para el empleo, un acompañamiento a los emprendedores con una auditoría de viabilidad de sus proyectos de negocio, una intermediación eficiente que se materializará en esa obligación de presentar al menos una oferta de empleo anual.
Otro derecho es garantizar el acceso a empleos de cualquier comunidad autónoma y a beneficiarse de las ayudas disponibles sin discriminaciones más allá de la posible obligación de conocer las lenguas cooficiales cuando se exija.
Uno de los derechos más interesantes, según apuntan las fuentes del Ministerio de Trabajo, es la mejora de la empleabilidad de los individuos que acudan a los servicios públicos de empleo. A tal fin, se establecerá un índice de empleabilidad basado en tres tasas -de empleabilidad, de cobertura y de intermediación-, para medir las carencias y mejoras de cada persona. Para incrementar la empleabilidad, se ofertarán acciones concretas individuales contrastadas como eficientes por haber sido usadas con perfiles similares.
Pero entre los derechos que se incluirán en la futura ley, se encuentra también el acceso a una protección social para esos periodos de demanda de empleo. La futura Agencia Española para el Empleo no se limitará a facilitar las prestaciones del Sepe, sino que también podrán tramitar otras prestaciones como los de la renta mínima de las comunidades autónomas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En definitiva, y este es el derecho undécimo primero, se trata de generar un expediente laboral personificado, una especia de historial laboral al estilo de la Sanidad. Y para garantizar que no se produzcan diferencias geográficas, se determinará en las Conferencias Sectoriales (participación de las CCAA) una cartera común de servicios que deberán ofertas todos los servicios autonómicos de empleo.
Nuevos colectivos
Otro de los cambios que aborda la futura Ley de Empleo son las bonificaciones y subvenciones a los contratos o autónomos que, desde la Airef, se apunta no son eficientes actualmente. La ley concentrará los fondos a estas subvenciones, que actualmente rondan los 1.500 millones de euros anuales, en los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad. Entre los nuevos colectivos, las personas con problemas de autismo, personas sexual o afectivamente diversas, drogodependientes o etnias como la gitana u, otros colectivos actualmente cubiertos, como los mayores de edad o las mujeres con problemas de violencia de género.
Respecto a los cambios financieros, se incrementará los fondos y el personal actualmente dedicado a las políticas activas de empleo, tanto a nivel estatal como autonómico. De hecho el próximo año se destinan 7.500 millones de euros a políticas activas de empleo, el máximo en unos Presupuestos. Además, las comunidades autónomas no estarán obligadas a gastar los fondos en el año natural, muchas veces imposible por plazos, para lo cual podrán emplearlos al menos durante el primer trimestre del año siguiente, con cargo a los fondos del presupuesto anterior.
150 millones para digitalización
La transformación del Sepe a la Agencia Española del empleo no sólo vendrá avalada por una mayor dotación financiera y de capital, además contará con una reforma tecnológica. Así, en los próximos tres años se destinarán 150 millones de euros para meter a los servicios públicos de empleo en la era digital. Y asegurarse que no es víctima de nuevos ataques cibernéticos como los dos sufridos este año.
