Madrid
El Ministerio de Trabajo descarta que se vaya a modificar el actual documento sobre el que se ha basado hasta ahora la negociación de la reforma laboral una vez cerrada la brecha dentro del Gobierno entre el ala socialista y el de Unidas Podemos, según confirman a eE fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. No obstante, estas fuentes reconocen que hay diferencias entre unos ministros y otros sobre el contenido de la reforma puesta en la mesa. El miércoles se produjo la primera reunión con la incorporación de una directora general del Ministerio de Asuntos Económicos y otra del de Seguridad Social que acompañarán al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en los encuentros con los representantes de empresarios y sindicatos.
"Derogación"
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no entró en el debate de si la reforma implica "una derogación" de la normativa del PP de 2012. Sin pronunciar el término, consideró que el "conflicto de eslóganes y palabras" solo aporta "ruido" y porque ella es partidaria de "construir" el mercado laboral del futuro. E insistió en la necesidad de que la CEOE se sume al acuerdo. "El objetivo es alcanzar un acuerdo en el que quepan todos, desde Podemos, hasta la CEOE y los sindicatos, porque las reformas que perduran en el tiempo y son más eficaces son las que alcanzan con consenso".
Sobre el fondo de las reformas planteadas por el Ministerio de Trabajo, y ahora asumidas por el conjunto del Gobierno, Calviño defendió la importancia de devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa para fijar unas condiciones salariales mínimas que permitan acabar con la precariedad que se ha producido en algunos sectores, como por ejemplo entre las camareras de piso. Se trata en su opinión de una de las cuestiones clave en las que se trabaja con los agentes sociales y que supone derogar uno de los aspectos más polémicos de la reforma del PP.
La vicepresidenta primera habla de prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa
No obstante, reconoció que se debe "corregir" algunos aspectos de la reforma de 2012 que han deteriorado las relaciones laborales y la negociación colectiva, y que no han resuelto problemas que arrastraba el mercado laboral como el paro estructural o el desempleo juvenil.
Respecto a los daños causados por la reforma popular incidió en la competencia a la baja en salarios en algunos ámbitos por la subcontratación a empresas multiservicios con convenio propio, cuyas condiciones priman sobre las del sector.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que "el debate" en el Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral "ya está zanjado", y por eso ha pedido "dejar que trabaje la mesa del diálogo social" que negocia estos cambios.
El Senado aprobó ayer una iniciativa de Más Madrid que pide aprobar la reforma en este 2021.
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