La reunión del presidente Sánchez con las vicepresidentas Calviño y Díaz, convocada para zanjar el conflicto causado por los futuros cambios en la reforma laboral, se saldó con un comunicado deliberadamente ambiguo.
El texto ratifica el "compromiso" de PSOE y Podemos con la "derogación" de la ley que regula el mercado de trabajo desde 2012. Ahora bien, a renglón seguido, se introducen dos salvedades que desactivan lo afirmado sólo unas pocas líneas antes. Por un lado, el escrito deja claro que los cambios deben contar con el acuerdo de la patronal. Y es ya bien sabido que CEOE considera condición sine qua non para todo pacto que se mantengan intactos aspectos clave de la reforma, como la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los convenios sectoriales. Pero aún más significativa es otra salvedad incluida en el comunicado del Gobierno. Esta última hace referencia a que la "derogación" se hará en "los términos que establece el Plan de Recuperación enviado a Bruselas" y aprobado por la UE como requisito para liberar el grueso de las ayudas Next Generation. No es necesario recordar que la UE defiende la reforma de 2012 y es contraria a cualquier cambio que reste flexibilidad al mercado laboral. En otras palabras, todo apunta a que el Gobierno se aferra al término "derogación" de un modo puramente retórico, con el afán de aparentar que la facción de Podemos en el Gobierno salió triunfante.
El Gobierno se compromete a que los cambios en la ley de 2012 respeten las directrices marcadas por la UE
Sin duda, habrá modificaciones en la reforma (por ejemplo, para elevar el margen de aplicación de los Ertes) pero, al igual que ha ocurrido en otras medidas como el decretazo energético de septiembre, su alcance no será, afortunadamente, tan profundo como el Gobierno anunció en un principio.
