Periodista económico

Montesquieu ha muerto. La frase que se atribuye a Alfonso Guerra y que el dice nunca dijo, cobra hoy plena vigencia en este cambalache - acuerdo o intercambio entre dos o más partes alcanzado de forma poco transparente, en definición de la Academia- entre la sociedad Sánchez&Yolanda y Cia y los independentistas con el fugado de la Justicia Carles Puigdemont para dar forma a una amnistía para los golpistas catalanes del otoño de 2017 que, en el fondo, lo que persigue es la demolición de la democracia española y del sistema constitucional surgido de la Transición.

Mientras la actualidad y la atención de informativa nacional, tanto en la opinión pública como en la publicada, está volcada en las negociaciones para la investidura, la preocupación de la economía ha pasado no a un segundo plano, sino prácticamente a la irrelevancia, aunque no por ello deja de mostrar síntomas alarmantes de enfriamiento acelerado, especialmente en el mercado laboral donde el espejismo de un descenso del paro en 10.968 personas y el triunfalismo de los mensajes oficiales no pueden ocultar que esta reducción en el número de desempleados es, en términos relativos, de sólo un 0,41%. Un descenso mensual que es cinco veces inferior a los 50.268 desempleados de junio, mientras que en términos desestacionalizados el paro registrado ha subido en 5.509 personas.

En vísperas de sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y ante las dificultades para conseguir un gobierno estable y sin estar sometido a servidumbres ni chantajes, cobran especial relevancia unas recientes declaraciones del que fuera secretario general de la UGT, Cándido Méndez, quien recordaba que el próximo gobierno tendrá que asumir grandes retos económicos “con las reglas fiscales y menos recursos europeos”, por lo que concluía que de cara a la próxima legislatura “no se trata sólo de pactar la investidura, sino de llegar a acuerdos de gobernabilidad”.

Consumada la mayoría Frankenstein en la Presidencia y la Mesa del Congreso, en los círculos políticos y también en muchos medios de comunicación, parecen haberse olvidado de que, el Senado también existe y cuenta. Y que, por mucho que quieran enmascararlo desde el sanchismo, el auténtico ganador de las elecciones del 23-J ha sido el Partido Popular con 137 escaños en el Congreso, 40 más de los que tenía y 16 por encima del segundo, y con mayoría absoluta en la Cámara Alta, además de tener prácticamente todo el poder territorial en las autonomías y en los ayuntamientos y disponer de hasta cuatro posibilidades de presentar mociones de censura. Resultados que, en caso de investidura de Pedro Sánchez, otorgan a los populares un poder de control y de contención frente a Sánchez y sus socios de la Frankenstein.

Decíamos tras el 23-J que el resultado de las generales había transformado la democracia parlamentaria española en la democracia de los mercadores. Hoy, tras la sesión constitutiva del Congreso tenemos que concluir que la democracia de los mercadores ha dado a luz a la legislatura de los extorsionadores.

Una apuesta fuerte para España. Así definía Nadia Calviño su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Apuesta porque el BEI, creado en 1958 es el organismo financiero de la UE encargado de contribuir al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social y para ello maneja 60 millones de euros anuales en créditos gozando de un estado financiero superior al del Banco Mundial.

Fue, y sigue siendo, uno de los mayores escándalos del deporte español. Me refiero al llamado “caso Negreira”. ?Una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria, que implica al que fuera árbitro de fútbol y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que habría recibido pagos del Fútbol Club Barcelona por un total de 7,3 millones de euros entre 1994 y 2018. Caso este en el que la Fiscalía detecta presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental y en el que existen fundadas sospechas de que el encargado de velar por una competición justa y limpia estuviera favoreciendo a un club poderoso en perjuicio de otros más débiles y con menos capacidad de influencia y manipulación.

Dicen de la mujer del César que no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. Máxima esta que es aplicable a casi todas las actividades de la vida y, especialmente, a la política. Y viene esto a cuenta por la incomprensible actitud del Partido Popular que siendo el indiscutible ganador de las elecciones generales está dando una imagen deprimente de desconcierto y de desidia. Dejando la iniciativa al PSOE, sin logística de negociaciones definida ni patrón de gestión con Vox, con la esperanza puesta en el delirio de una repetición electoral y consintiendo que Sánchez parezca el ganador de los comicios cuando el PP ha conseguido un crecimiento espectacular aumentado 48 escaños en el Congreso, sacando 16 diputados al segundo y con mayoría absoluta en el Senado, pero que ahora aparenta no saber qué hacer con ello.

Refiere el Evangelio al episodio de la ira de Jesucristo expulsando a los mercaderes del Templo, a los que recriminaba haber convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Pues algo similar está ocurriendo aquí y ahora con el Parlamento español. La casa de la democracia y de todos los españoles sin distinción de ideologías, creencias, raza o condición, que ha devenido en una especie de cueva de Alí Babá por mor de una Ley Electoral injusta y discriminatoria que prima el voto de los nacionalismos, con el añadido de un presidente de gobierno que incapaz de aceptar su derrota electoral ha puesto a España en venta, sometiéndola a la puja de quienes quieren destruirla.

Veía, a medio camino entre el sarcasmo y la estupefacción, jactarse a Andoni Ortuzar de haber frenado a la derecha, sin querer siquiera sentarse a negociar. Y lo decía el presidente de un partido, el PNV, representante de la burguesía vasca más conservadora y heredero de carlismo más casposo y rancio. Un PNV estigmatizado por la mercadería política y cuyo lema es "Dios y leyes viejas" pero que ahora, como otros, pretende autocalificarse como progresista. Una palabra esta que, probablemente, sea hoy el vocablo más prostituido y falseado de todo el léxico español.