Fue, y sigue siendo, uno de los mayores escándalos del deporte español. Me refiero al llamado "caso Negreira". ?Una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria, que implica al que fuera árbitro de fútbol y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que habría recibido pagos del Fútbol Club Barcelona por un total de 7,3 millones de euros entre 1994 y 2018. Caso este en el que la Fiscalía detecta presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental y en el que existen fundadas sospechas de que el encargado de velar por una competición justa y limpia estuviera favoreciendo a un club poderoso en perjuicio de otros más débiles y con menos capacidad de influencia y manipulación.
Y algo similar es lo que parece que pretende hacer Pedro Sánchez con Cataluña para conseguir los votos de los separatistas de ERC y de Junts que le permitan mantenerse unos meses más en La Moncloa, convirtiéndose en una especie de Negreira de la financiación autonómica, regalando a los ricos lo que quita a los pobres, con una reforma del sistema de financiación al antojo de los socios de la Frankenstein acompañada de la condonación de los más de 70.000 millones de deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir con el Estado, y que pagamos todos los españoles.
Cierto que la renovación del sistema de financiación autonómica de 2009 lleva casi diez años esperando dado que, como se apuntaba en su formulación, debería ser revisado en 2014, sin que ningún gobierno desde entonces se haya preocupado siquiera de estudiarlo. Pero, dicho esto, también es cierto que dicha reforma no puede hacerse a demanda de parte, aumentando la desigualdad entre la España rica y la España pobre.
Recordar que Cataluña, con más de 80.000 millones, es la comunidad que mantiene un mayor endeudamiento con el Estado y que el perdón de la práctica totalidad de esa deuda supondría no sólo poner en grave riesgo la solvencia de una administración española ante los mercados y los inversores internacionales, y con ella la del conjunto de las administraciones del país, sino que aumentaría de forma escandalosa la discriminación entre las Comunidades Autónomas españolas, penalizando a las regiones más austeras y cumplidoras como Asturias. ¿Van a seguir sumisos y agachando la cabeza ante su jefe en el partido los barones autonómicos como García-Page, Lambán o Adrián Barbón en lugar de defender a los ciudadanos de sus comunidades respectiva que pueden quedar de nuevo humillados y ofendidos por las cesiones del sanchismo?
Los datos del estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación de 2021 del sistema de financiación de las CC.AA. de régimen común, muestran que Madrid con los impuestos más bajos es la comunidad más solidaria de España, aportando tres veces más que Cataluña a la cuenta común y 102,1 millones por encima de la media. Al tiempo que desmonta la falacia de la Generalitat asegurando que los catalanes son los españoles que menos financiación per cápita reciben en relación a lo que aportan.
En concreto, los 3.015 euros per cápita por habitante que recibieron los catalanes, en términos de población ajustada, sitúan a esta región por encima de la media, alcanzando el 101,7% de recursos procedentes del Estado, mientras que Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, siguen siendo las comunidades que tienen un índice de financiación por habitante, a competencias homogéneas por debajo de la media.
Como denunciaba recientemente un ex alto cargo socialista en los gobiernos de Felipe González, la reforma de la financiación autonómica y la posible condonación de la deuda de Cataluña "no pueden ser moneda de cambio para lograr la investidura" de un presidente que está convirtiendo al PSOE en cómplice y conseguidor de las ambiciones de los partidos supremacistas de las regiones más privilegiadas de España desde los tiempos del franquismo.
