Moncloa replica a Junts prometiendo cambiar la financiación autonómica

El Gobierno mueve ficha después de que uno de los partidos clave para garantizar que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente, Junts, le hiciera llegar su propuesta con las condiciones para brindar su apoyo. elEconomista.es reveló ayer que el partido de Carles Puigdemont pide un nuevo Estatuto de Autonomía, que acabe con los 20.000 millones de déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña. En ese mismo día, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la reforma de la financiación de las autonomías de régimen común (entre las que se incluye Cataluña) será una de las "prioridades" de las negociaciones para la futura investidura de Sánchez.

No hay base para asegurar que Hacienda aceptaría una propuesta de máximos como la que Junts ya puso sobre la mesa en sus negociaciones con los socialistas, basada en lograr un mecanismo de financiación semejante al que se planteó en el ya histórico Pacto del Majestic y que se inspira en el concierto económico vasco.

Dar luz verde a esa petición supondría reducir sustancialmente la contribución catalana al Estado y privaría al conjunto del sistema de uno de los tres territorios en condiciones de ser aportadores netos de recursos. Las otras dos autonomías en esa situación son Madrid y las Islas Baleares.

De momento, lo que Montero aseguró es que el PSOE ha puesto encima de la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica, aclarando que es una cuestión "urgente" y que "debe contar con el acuerdo de todos", haciendo también referencia al hasta ahora principal partido de la oposición, el PP.

Lo cierto es que esta medida, cuya última modificación fue en el 2009 con el Gobierno de Zapatero, tiene pendiente una reforma desde el 2017, cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó una Comisión de Expertos para abordar este asunto. Dicha reforma nunca llegó a suceder, y ha sido desde entonces una de las promesas de la legislatura que se acunó el actual Gobierno.

Formó de igual manera otro grupo de expertos para llevar a cabo la armonización fiscal y buscando solucionar problemas como la infrafinanciación de muchos territorios, pero al igual que con el gobierno de los populares, la propuesta acabó guardada en un cajón, y el Ejecutivo amparándose en que ya no había tiempo suficiente para llevarla a cabo por la cercanía de las elecciones autonómicas.

La última reforma de financiación autonómica fue en 2009, con el Gobierno de Zapatero

Cinco años después, esta reforma se le ha atragantado a Montero, que explicaba los numerosos intentos para tratar de llegar a un acuerdo, pero que, según la ministra, no se dio debido a que "no hubo el clima necesario" en referencia a que las posiciones de las autonomías estaban enrocadas en sus "máximos". Esta justificación dio el Ejecutivo entonces, en 2022. Con el panorama político actual, a pesar de que el PSOE ha resistido en las generales, no lo hizo de igual manera en las autonómicas.

El PP, ya sea en solitario o con el apoyo de Vox, gobierna o pretende hacerlo en 12 de 17 territorios más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y ha recuperado territorios como la Comunidad Valenciana, (clave en cuanto autonomías por sus reclamaciones de infrafinanciación) lo que imposibilita que el acuerdo para la reforma vaya a ser, al menos, sencillo.

El Gobierno también se muestra prudente a la hora de pronunciarse abiertamente sobre la que es la segunda propuesta de Junts, de carácter más político, para apuntalar la investidura de Sánchez. Se trata, como era previsible, de articular un mecanismo jurídico que permitiera anministiar a todos los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Entre ellos, se encuentra especialmente señalado el propio Puigdemont quien continúa siendo un prófugo de la justicia española, escondido en Waterloo. La iniciativa pasaría por no hablar abiertamente de amnistía sino de una especie de "pacto de reconciliación" entre España y Cataluña.

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