Barcelona
Aunque Sánchez asegura que no se reunirá con los grupos hasta su vuelta de vacaciones, lo cierto es que los contactos con las formaciones que pueden facilitarle la investidura ya arrancaron. Las urnas dieron a Junts un papel clave para que el PSOE pueda formar gobierno y los socialistas ya saben las peticiones de la agrupación independentista. Descartado el referéndum, las demandas del partido de Carles Puigdemont se centrarán en renegociar el Estatut con tal de enjugar el déficit catalán y la amnistía para los "4.000 encausados por el procés". La formación soberanista todavía no obtuvo respuesta, pero el presidente ya anunció este lunes su voluntad de acudir a la investidura en una muestra de confianza de que obtendrá los apoyos necesarios.
Las fuentes consultadas por elEconomista.es sostienen que ya conocen ambas exigencias una vez asumido que pactar un referéndum vinculante es una línea roja del Ejecutivo. Las conversaciones avanzarán en dos frentes diferentes: lograr el perdón de los encausados y rebajar la factura de 20.000 millones de déficit fiscal existente con el Estado según las últimas estimaciones de la Generalitat.
Junts pretende terminar así con el déficit fiscal catalán, una de las reivindicaciones históricas de las formaciones soberanistas. El objetivo sería el de fijar una aportación máxima a las cuentas generales, inferior a la actual, en una vía para acercarse al cupo con el que cuenta el País Vasco y que siempre se pone como ejemplo en el territorio.
Supondría dar marcha atrás y tratar de recuperar una oferta que Jordi Pujol rechazó en 1980, cuando se le ofreció un concierto similar al vasco y le dio la espalda al considerar que la autonomía todavía no estaba lista para ello.
Cataluña aporta un 17,7% más que la media de comunidades, pero recibe un 2,1% menos, según el 'Govern'
No obstante, en los últimos años este modelo de financiación se ha puesto como modelo a alcanzar debido al diferencial entre lo aportado y lo recibido. De hecho, la pasada semana el Govern ya denunció que Cataluña aportó un 17,7% más que la media de comunidades y recibió un 2,1% menos, según su interpretación de la última liquidación hecha pública por el Ministerio de Hacienda. Esto coloca a la autonomía como la tercera que más aporta, pero la décima a la hora de recibir. En la última presentación de las balanzas fiscales -correspondiente al ejercicio 2019-, la Generalitat cifró en 20.196 millones el déficit fiscal para las arcas catalanas, una cifra equivalente al 8,5% del PIB de la zona.
La petición contaría con el apoyo del mundo empresarial catalán. Instituciones como Foment del Treball o la Cambra de Barcelona hace años que denuncian incumplimientos del Estatut por parte del Ejecutivo. Según lamentaban tanto Junts como ERC hace un año, el déficit de inversiones en Cataluña alcanzaba los 12.383 millones tras no respetarse la Disposición Adicional Tercera del actual marco legal.
Sin embargo, el desequilibrio no obedece solamente a la falta de inversión en carreteras o estaciones. Cataluña aporta 1.400 millones al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) que ayuda a financiar al resto de comunidades. Recortar esa cifra supondría reabrir el melón de la financiación territorial en un momento en el que el mapa se ha teñido de azul con las últimas elecciones autonómicas. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) no logró hacerlo y la actual titular de la cartera, María Jesús Montero, también lo prometió.
En una entrevista concedida a La Sexta, la dirigente socialista se mostró ahora abierta a modificar el modelo territorial actual. "Creo que en el margen constitucional que tenemos hay muchos elementos que podemos seguir explorando y sobre todo reforzando la coordinación de políticas para que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan derecho a recibir servicios de calidad", dijo.
La amnistía de los encausados por el 'procés' será el otro frente de la negociación PSOE-Junts
A la espera de ver el avance de los contactos, de momento parece que los socialistas sí estarían dispuestos a aceptar una quita del Estado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La rebaja sería para todas las comunidades, según una enmienda parlamentaria desvelada por El Mundo, aunque Cataluña sería la más beneficiada, pues es la primera deudora. Como ya explicó este medio, la autonomía había utilizado 88.248 millones de esta partida. En total, el crédito del Estado con la región ascendía en junio de 2022 a 115.828 millones. El PSC, el impulsor de la enmienda, no precisó el porcentaje de la quita, aunque se plantea la creación de un coeficiente de condonación con valores todavía por determinar.
Pero más allá de reformular el Estatut, Junts tiene entre ceja y ceja la amnistía para Carles Puigdemont y el resto de sus dirigentes encausados por el procés. Con el pacto para facilitar la investidura la formación independentista considera que se abriría un nuevo periodo de entendimiento que facilitaría el retorno del expresidente de Waterloo.
La fórmula todavía está por determinar, pero se buscaría encajar en una suerte de pacto de reconciliación entre España y Cataluña. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya dio pistas la pasada semana cuando habló de conseguir el perdón "para las 4.000 personas" que según él "se han visto afectadas" jurídicamente por las diferentes causas del procés.
Con ambas exigencias, Junts busca contentar a las dos almas que conviven en el partido: el ala más pragmática de la formación y aquellos que todavía quieren mantener viva la confrontación.
Sánchez se presentará a la investidura
El presidente en funciones protagonizó ayer su reaparición pública tras las celebraciones de Ferraz en la noche del 23 de julio, cuando los socialistas salieron a la calle satisfechos por haber logrado el segundo puesto en los comicios generales de esa fecha. Pedro Sánchez recurrió este lunes a un vídeo, grabado en la sede madrileña de su partido, en el que sorprendió por la seguridad con la que dejó entrever que contaba con mayoría suficiente para formar Gobierno, después de que el próximo día 17 se conforme el nuevo Hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Las palabras de Sánchez confirman así las sospechas de que las negociaciones con los partidos proclives a apoyar al PSOE, en las que formaciones como Junts tienen un rol clave, se encuentran en marcha y las partes han hecho llegar ya sus exigencias a la cúpula socialista. El todavía presidente del Ejecutivo fue claro a la hora de hablar de la existencia de una "mayoría social" que está en condiciones de traducirse en una "mayoría parlamentaria". "Eso es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes", en palabras de Sánchez, quien se permitió señalar los retos de la nueva legislatura, como la vivienda.
