Decíamos tras el 23-J que el resultado de las generales había transformado la democracia parlamentaria española en la democracia de los mercadores. Hoy, tras la sesión constitutiva del Congreso tenemos que concluir que la democracia de los mercadores ha dado a luz a la legislatura de los extorsionadores.
Una legislatura en la que la segunda y la tercera institución del Estado van a estar presididas por dos perdedores en las urnas. Un presidente del gobierno que convocó unas elecciones para perderlas -en cualquier democracia normal habría dimitido- y una presidenta del Congreso, Francina Armengol, qué ha sido expulsada de la jefatura del gobierno balear por los votos de sus ciudadanos que, además, se estrena como diputada, sin experiencia en la gestión y en los mecanismos de la Cámara, farmacéutica de formación y, por tanto, sin la idoneidad suficiente para el cargo.
Todo ello aderezado con la última traición de Vox, votando a su propio candidato, y que, una vez más, se ha convertido en el gran aliado del sanchismo y ahora también en cómplice de los separatistas. Esto es lo que ellos entienden por defender los intereses de España. Algunos de sus electores estarán viendo como sus votos sólo sirven para apuntalar a Sánchez y a los Frankenstein.
Legislatura de los extorsionadores en la que todo indica que Pedro Sánchez seguirá instalado en La Moncloa y viajando en el Falcon, pero sometido al chantaje de un conglomerado de 24 partidos, cada uno con el qué hay de lo mío y, sobre todo doblegado ante un fugado de la justicia, delincuente y con vínculos con la Rusia de Putin y que en el Parlamento Europeo es diputado no adscrito porque ningún grupo ha querido admitirle. El mismo Puigdemont que durante las negociaciones previas a la elección de la Mesa del Congreso ha estado jugando con Sánchez para demostrarle quien manda.
Es por ello que lo primero que debería hacer Pedro Sánchez tras su presunta investidura en, en aras de la transparencia exigible en democracia, explicar con luz y taquígrafos el contenido detallado de sus acuerdos con Junts, ERC y Bildu, en los que no sólo están sobre la mesa permitir el uso del catalán en el Congreso, favorecer su utilización en la Unión Europea o la apertura de una investigación sobre el caso Pegaso. Están también las exigencias de una amnistía para los golpistas catalanes, un referéndum o consulta de autodeterminación, ambas contrarias a la Constitución, y en materia económica la condonación de más de 70.000 millones de euros de la deuda catalana con el Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica a capricho de quienes mandan en Cataluña y que va a dividir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda.
Una legislatura en la que 48 millones de españoles vamos a estar en manos de unos partidos que suman poco más de 900.000 votos, fruto de una ley electoral injusta y discriminatoria y de los intereses personales de un presidente de gobierno que, como le definiera tras su victoria en las primarias ante Susana Díaz un destacado barón autonómico del PSOE, hoy defenestrado, "no tiene proyecto, no tiene programa, sólo tiene ambición y es capaz de vender a su padre, vender al partido y vender a España para conseguir sus objetivos".
Una legislatura, en la que ayer se puso aún más de manifiesto que el Partido Popular tiene que decidir qué quiere ser de mayor, reponerse de la frustración de no haber conseguido los objetivos pretendidos por su propios errores de estrategia y de campaña, convencerse de que ganó las elecciones, saber utilizar el poder parlamentario y territorial que tiene y, sobre todo, hacer una profunda remodelación de las personas que hoy forman parte de la cúpula de dirección en el partido, de la comunicación y del mensaje.
Y una legislatura, en fin, que se presume breve, ayer algunos parlamentarios apuntaban el horizonte de las elecciones europeas de mayo del año que viene, y que adivina una España ingobernable en la que está en juego la desmembración de la España constitucional, tal y como la conocemos, y la igualdad entre los españoles, en medio de una economía en fase de desaceleración acelerada y empobrecimiento general. ¡Que nos coja confesados!
