La renuncia de Jens Weidmann como gobernador del Bundesbank anticipa el cambio de rumbo político en Alemania y, con él, de las instituciones que han definido a lo largo de las últimas tres décadas el destino no sólo de la principal economía europea sino también del conjunto de la Eurozona. El considerado principal ‘halcón’ de los bancos centrales que tienen como moneda común al euro, se marcha dejando un legado difícilmente repetible, en una época particularmente compleja para defender el rigor de la política monetaria y habiéndose politizado completamente la gestión de la oferta monetaria, colocando como presidente y vicepresidente del BCE a dos exministros y figuras políticas relevantes en Francia y España, respectivamente.

Los tres Premios Nobel de este año (50% el profesor David Card, de Berkeley y el restante 50% repartido entre los profesores Joshua Angrist, del MIT, y Guido Imbens, de Stanford) continúan la línea de la Academia Sueca en los últimos años de premiar carreras académicas dedicadas a la Economía Aplicada. La mayor parte de estos análisis, contrastes y obtención de conclusiones prácticas, parte de un mismo hecho: el estudio de las consecuencias que tienen sobre la economía (más o menos segmentada, más o menos focalizada en un determinado colectivo o territorio) la instrumentación de políticas públicas: desde la política monetaria a la fiscal, pasando por el marco regulatorio de los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral o el de la vivienda, entre otros.

Los funcionarios pierden poder adquisitivo por primera vez desde 2013 tras haber ganado un 5,14% en los últimos ocho años. Algo que podría revertirse el año próximo si, como apuntan los expertos, el repunte de la inflación se contiene. Concretamente, para este año, la pérdida de poder de compra oscilará en torno al 1%, tras haber recibido una subida de las remuneraciones del 0,9% en el inicio de año, muy por debajo del IPC previsto por el Gobierno para el conjunto del presente ejercicio del 1,9%.

Las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno el pasado martes en Consejo de Ministros van en la dirección contraria a establecer una estrategia consistente y de medio plazo para reducir la vulnerabilidad que nuestro sistema energético tiene con los combustibles fósiles como el gas, y paliar el efecto inmediato negativo que está teniendo la escalada de precios sobre 10,7 millones de hogares con una tarifa indexada a la evolución del mercado al contado. Con unas formas poco propias de una economía de mercado, el Gobierno se ha arrogado la facultad de “moderar” unos supuestos “beneficios extraordinarios” obtenidos por las compañías eléctricas en sus segmentos de generación renovable (hidro y, ahora matizando sobre la marcha, eólica, fotovoltaica y termo-solar) y no renovable (concretamente, nuclear) como medida para reducir la factura eléctrica.

Los datos que se publican cada mes de inflación apuntan a un encarecimiento de la cesta de la compra que puede prolongarse y recrudecerse en los próximos meses. A estas alturas de año, seguir pensando que la subida del IPC por encima del 3% es transitoria, carece de realidad. Si bien la inflación subyacente se mantiene en niveles similares a la media de los últimos años (0,7% frente a una media del 1% de los últimos 5 años), la escalada de precios energéticos, alimentarios, de bienes industriales intermedios y de bienes de consumo duradero, va a acabar trasladándose de forma asimétrica al conjunto de los precios de la economía.