El último paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la inflación plasma de una manera muy simple lo primero que a uno se le pasa por la cabeza cuando quiere poner en marcha una política que pretenda mitigar la inflación. Se esperaba que, a estas alturas, hubiera habido un grado mayor de sofisticación a la hora de diseñar los instrumentos en campos tan complejos como la energía o los alimentos. Pero, desafortunadamente, no ha sido así.
El proceso inflacionista que domina la economía española desde hace año y medio está llevando a cometer los mismos errores del pasado en materia de política económica, siendo uno de los más importantes la actualización automática de rentas a razón de la evolución del IPC.
La actualización de previsiones económicas de la Comisión Europea arroja una preocupación más importante que la más que probable recesión entre los meses finales de este 2022 y los primeros meses de 2023.
En realidad, es como si el fallecido profesor Milton Friedman hubiera sido premiado dos veces, ya que las contribuciones realizadas por los profesores Bernanke, Diamond y Dybvig en esencia ya fueron estudiadas y desarrolladas con un aparato estadístico y econométrico avanzado para la época por el propio Friedman y por Anna Schwartz en su monumental obra “Historia Monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960” en 1963. Incluso, ahondando más en esta cuestión, no dejó de ser sorprendente que a Friedman se le diera el Nobel por “sus estudios en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetarias, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización”, sin mencionar su contribución crucial sobre los determinantes de la Gran Depresión de los años 30 desde la óptica monetaria: dejar que se hunda la oferta monetaria (dicho de otra forma, el canal del crédito) provoca que una crisis se convierta en una depresión.
En una primera aproximación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se pueden extraer tres conclusiones con bastante sencillez: a) el gasto no financiero aumenta un 7,6% en 2023, por encima del crecimiento del PIB nominal (5,9%); b) conduce a la Seguridad Social a un estrés financiero muy relevante con un déficit estrictamente contributivo por encima de los 20.000 millones de euros; y c) el crecimiento de los ingresos públicos es muy inferior al crecimiento del gasto total, y aun así el Gobierno prevé que el déficit presupuestario se reduzca hasta el 3,9% del PIB.
Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social y paro registrado del mes de agosto continúan la tendencia marcada en los de julio, los primeros que sirvieron para destapar la realidad del mercado de trabajo en España tras varios trimestres de creación de empleo intensa con unas características muy peculiares. No sólo importa que se hayan destruido casi 200.000 empleos, sino hasta qué punto la tasa de crecimiento de las afiliaciones totales por cada sector y la tasa corregida de estacionalidad han roto definitivamente la tendencia anterior.
Mes tras mes, el dato de IPC continúa su escalada, disipando cualquier esperanza de moderar sustancialmente la tasa a final de año por debajo del 3% tal como estimaba el Gobierno. A riesgo de hacer el mismo análisis cada mes, es imprescindible seguir subrayando la necesidad de frenar el proceso inflacionista con las próximas subidas de tipos de interés que acometerá el Banco Central Europeo (BCE). Cada día que pasa, será más necesario generar expectativas de subidas importantes, incluso por encima de los 50 puntos básicos de julio. De esa forma, se podrá frenar el proceso y, con ello, retener la tentación que está surgiendo gradualmente de subir salarios y rentas públicas con arreglo al IPC.
Como es tradicional en la vuelta del verano de estos últimos años, el debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) reaparece con los mismos argumentos y contraargumentos. Esta discusión casi siempre se plantea como una separata del resto de los asuntos del mercado laboral como si esta dimensión pudiera tener una vida propia independientemente de la regulación de otros aspectos como las jornadas, los tipos de contrato o la negociación salarial, más importante si cabe en este año donde seguimos inmersos en un proceso inflacionista que ya ha alcanzado los dos dígitos.
Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social de julio han hecho saltar las alarmas tan sólo cinco días después del triunfalismo que el Gobierno Sánchez-Díaz transmitió con la publicación de los datos de la EPA del segundo trimestre. Ni los datos de la Encuesta de Población Activa eran tan buenos ni los de afiliación/paro de julio son tan malos. Son dos manifestaciones estadísticas que, correctamente bien analizadas y escudriñadas, nos ofrecen la realidad de lo que está sucediendo en el mercado laboral en España y su (aparente) descorrelación con el ciclo económico.
El dato adelantado de inflación del mes de junio es profundamente preocupante, pero al mismo tiempo poco sorprendente dada la trayectoria ascendente tanto de la inflación general como muy especialmente de la inflación subyacente.